Este martes 9 de marzo, el rector y presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailaigue, renunció a sus funciones que las venía desempeñando desde octubre de 2018 y que debía culminar el 30 de agosto.

El anuncio fue dado a conocer durante una rueda de prensa que se desarrolló en el salón del Consejo Universitario a donde asistieron decanos y vicedecanos de varias unidades académicas.

La renuncia de Passailaigue se da a tres días de que se desarrolle un proceso electoral para designar al nuevo rector y vicerrector, así como a los integrantes del Consejo Superior de la universidad más grande del país, por su número de estudiantes..

“Una vez que hemos terminado todas las actividades contempladas en el plan de intervención, he decidido dar un paso al costado para que haya un periodo de transición en un ambiente ya no de animadversión contra quien representa la universidad”, manifestó al dar a conocer su renuncia con carácter irrevocable.

El ahora exrector destacó el trabajo realizado en su administración, entre ellos, el cinturón de seguridad instalado en la Ciudadela Universitaria, el mejoramiento de la infraestructura de varias facultades, la acreditación de la universidad por cinco años, entre otros.

Lamentó que el Gobierno no haya cumplido con el apoyo ofrecido a la intervención, de devolverle el Hospital Universitario y de entregarle recursos económicos para el mejoramientos de laboratorios.

No obstante, aseguró que a pesar de eso, la universidad ha podido ponerse al día con la deuda al Seguro Social y ha cancelado valores a los jubilados.

“La Universidad de Guayaquil no puede superar los problemas de 40 años, con dos o tres años de intervención. Se necesita el apoyo y el trabajo de toda la comunidad y que se termine por completo la delincuencia organizada que reina dentro de ella”, manifestó.

Passailaigue fue designado interventor, en octubre de 2018, por el Consejo de Educación Superior (CES), luego de una disputa que surgió en torno a quién debía subrogar el rectorado una vez que la Contraloría General del Estado dispuso la destitución de Galo Salcedo, por la emisión de 28 títulos de forma irregular, además de un presunto perjuicio al Estado por más de $ 8 millones por incrementos de sueldo sin la respectiva justificación.

La intervención era para tres meses que terminó en enero de 2019. No obstante, esta se prolongó por 24 meses más que debía terminar el 9 de enero de 2021, pero se volvió a prorrogar hasta el 31 de agosto de este año.

Passailaigue se retiró del salón en medio de aplausos y abrazos de los asistentes.