El 15 de julio de 2024, al mediodía, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo varios allanamientos en Quito. La operación tenía como objetivo capturar a un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) junto con dos individuos más, sospechosos de participar en una red de lavado de activos. Los allanamientos fueron realizados de forma urgente después de que información precisa sobre una investigación en curso, declarada como reservada, fuera filtrada en redes sociales a través de una cuenta asociada al correísmo.

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"Fiscalía Ecuador, ¿qué ha sucedido con el ROII 021-23 sobre lavado de activos de la empresa Cambios Corp.? ¿Es otro ejemplo de justicia selectiva? ¿Acaso no se le ha dado seguimiento porque los implicados son hermanos de Iván Jácome Tipán, su hombre de confianza en la UAFE?", escribió Pablo Romero RC5, quien se identifica en redes sociales como perseguido y expreso político.

Pablo Humberto Romero Quezada fue funcionario durante el mandato del expresidente Rafael Correa, ocupando el cargo en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). En 2020, fue condenado a nueve años de prisión por el secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia, operación atribuida a la inteligencia ecuatoriana.

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Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal a cargo del caso reveló que la investigación contra los tres presuntos integrantes de una red de lavado de activos, quienes habrían recibido cerca de nueve millones de dólares ilícitos a través de las empresas Edgar F. Jácome Representaciones & Servicios Cía. y Cambioscorp S.A., se estaba desarrollando según la planificación del Ministerio Público. 

Sin embargo, tuvieron que solicitar una acción urgente para llevar a cabo los allanamientos y capturar a los tres implicados después de que la causa y los nombres de los investigados fueron divulgados en redes sociales.

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En respuesta al mensaje de Romero, que mencionaba explícitamente a uno de los investigados por la Fiscalía, José Julio Neira, Secretario General de Integridad Pública y delegado del Presidente para presidir el CIAPP, respondió con una denuncia:

"Es ilegal que usted esté revelando información clasificada y reservada de la UAFE. De acuerdo al art. 11, inciso segundo de la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos (LOPLAFD), la información que UAFE remite a la Fiscalía es reservada. La revelación de este tipo de información restringida (COIP 180.1) es sancionada con privación de libertad de 1 a 3 años. Presentaré una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la ilegalidad cometida", manifestó Neira.

El líder máximo de la RC5, Rafael Correa, criticó el comportamiento de uno de sus seguidores: "No seas ridículo. Pronto se les acabará la fiesta", escribió el prófugo de la justicia ecuatoriana asilado en Bélgica.

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