La tarde del sábado 24 de junio de 2023, un niño, de 2 años, fue atacado por un perro de raza pitbull en su propia casa, ubicada en el barrio San Juan de Calderón, en el norte de Quito. El pequeño falleció a causa de las heridas que sufrió en el rostro, provocadas por el can al momento de la agresión. ¿Qué ocasionó el suceso? ¿Qué responsabilidad tendrían los padres? ¿Tienen riesgo de terminar en prisión? EXTRA consultó normas legales y a expertos, incluyendo a un fiscal, que llevaron a la información detallada a continuación: 

Según el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo IV.3.323, cuando un animal es declarado peligroso se procederá a la eutanasia, que es “el único método permitido y aprobado para provocar la muerte de un animal de compañía", el cual “será practicado por un profesional facultado para el efecto”. No obstante, aún no se ha precisado si este será el procedimiento que se llevará a cabo con la mascota. 

En el mismo cuerpo legal (art. IV.3.335) se detalla que “los tenedores de perros están obligados a educarlos, socializarlos y hacer que interactúen con la comunidad”. Además, se precisa en el artículo IV.3.341, literal e, que “los animales, que se encuentran en una vivienda urbana, patio, terraza o cualquier otro lugar delimitado, deberán disponer de un habitáculo con la altura, superficie, y cerramiento adecuado para proteger a las personas u otros animales que se acerquen a estos lugares o accedan a ellos”.

¿Contaba con esto la mascota o en qué condiciones la mantenían? Es lo que las autoridades tendrán que determinar, tanto en ámbito municipal como penal, al haber una muerte de por medio.

INVESTIGACIÓN

El abogado Santiago Sánchez Llivicura, especialista en Derecho Penal, explica que antes de tomar cualquier decisión se debe abrir una investigación previa, luego realizar pericias y analizar las pruebas con las que se cuenten -como el resultado de la necropsia- para determinar si se configura un delito y cuál sería el tipo penal a aplicar.

El jurista argumenta que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) trata, de forma clara, la agresión a los animales, incluso las peleas callejeras que sus tenedores pudieran llevar a cabo, pero no dejaría en claro qué sanción se puede aplicar a un propietario en caso de agresión o muerte cometida por un perro.

Para esclarecer una situación como esta, añade Sánchez, un fiscal debe llevar a cabo una investigación, que no contaría con precedentes.

¿'CANA' PARA LOS PADRES?

César Peña Morán, fiscal especializado, explica que el COIP no sería claro en el accionar de este tipo de hechos, pero asegura que los padres del niño fallecido, o quien haga las veces de propietario de la mascota, sí podrían ser sancionados penalmente e incluso terminar en prisión, por un delito de acción privada (que se lleva sin la Fiscalía), al ser “sujetos activos del delito”.

Este tipo de causas pueden ser denunciadas por un afectado o quien haga las veces de perjudicado, a su nombre, “incluyendo al mismo defensor del Pueblo”, afirma Peña.

Julio César Cueva, también experto en Derecho Penal, menciona un hecho como estos podría haber responsabilidad de forma culposa, “por imprudencia de tener un perro agresivo sin las debidas seguridades”.

Además, coincide que puede haber un delito de acción privada, en el caso de que haya lesiones que no superen los treinta días de incapacidad, pero añade otro punto de vista: que si este tiempo de afectación incrementa -o el daño es mayor, como la muerte- se podría hablar de un delito de acción pública, que sí estaría en manos de la Fiscalía.

¿VÍCTIMAS?

El abogado Steven Reyes, penalista especializado, dice que los padres “claro que podrían ser denunciados por algún tipo de muerte culposa, pero hay que recordar que también son representantes legales del menor, por lo que serían también víctimas y ese proceso no cabe dentro de la imputación objetiva. Se trataría de un caso donde moralmente sí son responsables por la negligencia cometida”.

EL MALTRATO ANIMAL

Otro tipo de sanción que pudiera haber al respecto, en este caso, es por el trato que habrían tenido los perros de la familia, incluido el que acabó con la vida del niño. El abogado Reyes indica que en el COIP se contemplan sanciones por maltrato animal, por acción y omisión. “En el presente caso, si se logra demostrar que existió maltrato al tenerlos encerrados o amarrados, sí podrían (sancionar a los padres) con trabajo comunitario de 50 a 100 horas, tal cual como lo señala el artículo 250.4”.

LA PROTECCIÓN DEL MENOR

La abogada Dennisse Santos, experimentada en temas de menores, menciona que en estos casos también hay considerar el cuidado que se dan a los niños, porque es deber de los padres que ellos se encuentren bien. Incluso, sostiene que de escalar el caso y determinar que hubo una negligencia grave, se les podría suspender la patria potestad, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia.

En el artículo 112 de esta ley, en el numeral 6, se trata de esta posibilidad incluso cuando se “permita al menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física”.

En este caso, las autoridades aún no han precisado si el perro atacó de la nada a la víctima o si fue algún tipo de reacción de parte del animal.

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