Decidieron vestir de negro, el color del duelo. Más de 200 trabajadores de centros de tolerancia y de diversión nocturna en Guayaquil se agruparon en los exteriores del Municipio de Guayaquil para decirles a las autoridades que “se mueren de hambre”.

Calculó que si en Guayaquil, antes de la pandemia había aproximadamente 130 burdeles en regla, ahora hay más de 800 lugares donde se ejerce la prostitución de forma clandestina.

Esto lo confirmó Claudio Cabezas, presidente de la Asociación de Propietarios de Centros de Diversiones Nocturnos de Guayaquil. Tanto él como una delegación del gremio ingresaron a una reunión con representantes de los departamentos de Justicia y Vigilancia y Gestión de Riesgos del cabildo porteño.

Sabe, dijo, que este tipo de negocios está mal visto, pero es parte del sustento de miles de familias en Guayaquil. Además, comentó que la medida los “está empujando a un abismo” porque por estos prejuicios a los que están expuestos, las entidades bancarias no les dan créditos para hacer remodelaciones o establecer otro tipo de servicios.

Mirella Tuárez es dueña de una salsoteca y también acudió a la manifestación. Comentó que aunque a los bares y discotecas les han otorgado la opción de abrir, pero para ofrecer servicios de piqueos y comida, no están conforme con ello.

“Nuestro ingreso lo genera la diversión, es decir el baile, la alegría, el esparcimiento. Aunque hay prohibiciones, la gente sigue acudiendo a huecas, a lugares clandestinos. Creemos que es mejor que nos regulen para nosotros establecer normas de bioseguridad”, insistió. Añadió que no tienen aún claro cuándo podrán volver a abrir sus puertas y eso le preocupa.

Asimismo, Washington Casquete, representante del Barrio de Tolerancia, más conocido como ‘La 18’, detalló que solo en ese sector son más de 1.000 personas las perjudicadas por la para laboral. Los más de 65 locales que funcionan en la zona están cerrados y muchas de las trabajadoras sexuales que allí laboraban están ejerciendo en la 17.

Xavier Narváez, director del Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, fue uno de los funcionarios que escuchó las peticiones de los propietarios.

Les adelantó que el siguiente lunes, en una reunión del Comité de Operaciones Emergentes (COE) cantonal, formarán una mesa técnica para tratar su situación.

“Le comunicaremos a la alcaldesa que ustedes tienen preparado un protocolo de bioseguridad, a ver qué es lo que resuelve el COE”, dijo durante la reunión.

Allan Hacay, director de Gestión de Riesgo del cabildo, explicó que a pesar de que el Estado de Excepción terminó el pasado 13 de septiembre, el COE nacional impedía a los cantonales tomar la decisión de cesar la prohibición de funcionamiento de estos locales.

“En ese sentido, ni siquiera cabía pronunciarnos. Lo que cabe en este momento es trasladar esta solicitud a la doctora Viteri para sentarnos y ver posibles soluciones”, dijo.