El primer proceso judicial del año 2025 en Quito, capital del Ecuador, se centró en la aprehensión de Daniel Klinger, un ciudadano colombiano de 25 años. Él fue detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre mientras intentaba abordar un vuelo hacia Madrid, España, con una carga de cocaína oculta en su equipaje. La audiencia de flagrancia, celebrada en la Unidad Judicial del sector La Mariscal, concluyó con la orden de prisión preventiva contra el procesado.

Según el reporte policial, el operativo se llevó a cabo el martes 31 de diciembre del 2024, durante un control rutinario realizado por agentes antinarcóticos y un equipo de perfiladores. Klinger habría mostrado una actitud sospechosa y nerviosa durante la entrevista previa al embarque, lo que motivó una inspección más detallada de su equipaje. Con la ayuda de un can especializado, los agentes descubrieron un doble fondo en una maleta que contenía múltiples paquetes tipo plancha envueltos en plástico, los cuales sumaban un peso total de 5,981 gramos netos de cocaína.

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En su defensa, durante la diligencia, el procesado aseguró que desconocía el contenido de la maleta y que esta le había sido prestada por un amigo en un hostal de Quito. Insistió en que las cámaras de seguridad podrían corroborar su versión y pidió a las autoridades investigar a quien le habría entregado el equipaje. Sin embargo, durante la audiencia, la Fiscalía presentó elementos que apuntaban a su responsabilidad, incluyendo la prueba de detección de la droga, el informe de pesaje de la sustancia incautada y la cadena de custodia de las evidencias.

La sanción que enfrentaría el sospechoso

La jueza a cargo del caso, tras analizar los elementos de convicción, determinó que existían suficientes pruebas para formular cargos por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con penas que oscilan entre los 22 y 26 años de prisión. 

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Además, señaló que el procesado no justificó arraigo social, laboral ni familiar en el país, lo que incrementaba el riesgo de fuga. En consecuencia, dictó prisión preventiva y ordenó su encarcelamiento.

Las evidencias incautadas permanecerán bajo custodia en las bodegas de la Policía Judicial, mientras que la Fiscalía cuenta con un plazo de 30 días para avanzar con la instrucción fiscal. Este caso no solo inaugura el calendario judicial del año, sino que también pone de manifiesto los esfuerzos de parte de los criminales por evadir los controles para el tráfico de sustancias ilícitas. 

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