Los enfrentamientos entre privados de libertad han cesado, pero el miedo persiste. Las disputas ahora giran en torno a la captación de funcionarios a su servicio, un objetivo criminal que deja a su paso amenazas e incluso crímenes. Así se presenta la situación en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N. 1 de Guayaquil, anteriormente conocido como Penitenciaría del Litoral.

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El asesinato de María Daniela Icaza Resabala, directora encargada del establecimiento, ocurrido el jueves 12 de septiembre de 2024, evidenció que, aunque no se han registrado riñas mortales entre internos, los grupos delictivos mantienen su poder tanto dentro como fuera del establecimiento. La funcionaria ya había recibido amenazas de agrupaciones criminales antes de su asesinato; sin embargo, carecía de custodia.

Un trabajador de esa cárcel, a quien llamaremos Matías para proteger su identidad, cuenta a EXTRA que quienes laboran allí conocían los rumores sobre las advertencias contra Icaza. Por eso, él tomó sus precauciones.

“A mí me propusieron trabajar para ella, ser parte del personal que le ayudaba directamente en sus funciones, pero yo no acepté”, comenta.

Al enterarse del asesinato de la directora a balazos, se sintió sorprendido al pensar que él también pudo haber corrido peligro si hubiera aceptado estar a su cargo.

Él describe cómo es actualmente el ambiente dentro de la penitenciaría. Asegura que hay cierta calma, pero también un gran temor por lo que pueda suceder.

“Con la presencia de los militares se ha controlado bastante los pabellones. No los dejan que se topen y se enfrenten. Pero aquí siguen entrando cosas prohibidas: armas, celulares. La corrupción sigue y hay amenazas”, revela.

En su relato, explica que hay compañeros de trabajo que, ya sea por intimidaciones o por dinero, acceden a colaborar con los grupos criminales. Ante esto, él prefiere no involucrarse. Se limita a trabajar y a no decir nada para evitar ponerse en riesgo.

Sin embargo, las bandas también intentan corromper a los uniformados en los centros carcelarios, y en ocasiones han tenido éxito.

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El 21 de agosto de 2024, un militar de la Armada fue encontrado con objetos prohibidos durante controles en la Regional. Otros dos fueron detenidos en situaciones similares en el mismo establecimiento, el 11 de agosto y el 13 de julio. El 29 de junio, 15 uniformados fueron sorprendidos intentando ingresar objetos a la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Tras cada uno de estos incidentes, las Fuerzas Armadas emitieron comunicados indicando que colaborarán con las investigaciones. Además, recalcaron que los implicados deberán someterse a procesos administrativos disciplinarios, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan iniciar.

En la primera semana de septiembre, días antes del crimen contra María Daniela Icaza, una delegación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) visitó las instalaciones de la Penitenciaría del Litoral y pudo comprobar la situación interna.

Billy Navarrete, director ejecutivo de la institución, detalla que se percataron de varias falencias existentes en ese centro de rehabilitación social.

“Pudimos ingresar después de 12 años de prohibición, por disposición judicial. Nosotros, a raíz de la restricción de alimentos, presentamos una medida cautelar hace unos tres meses. El fallo del juez, reconociendo la vulneración de derechos humanos, permitió que el CDH pudiera ingresar”, aclara sobre cómo fue posible la visita.

Respecto a la alimentación, señala que hay problemas de coordinación en la entrega de comida. Menciona que actualmente se están proporcionando dos raciones: una por la mañana y otra por la tarde.

“No todos los internos logran tener acceso a su ración, por el corto tiempo. Hay un problema en relación con el tiempo en el que ellos salen del pabellón y que se les entrega uno a uno su comida (...). Son períodos tal vez de una hora para el número de internos. Resulta poco, escaso el tiempo”, detalla.

En cuanto a la salud, indica que el policlínico donde se atiende a los privados de libertad no se encuentra en buenas condiciones. “Había camillas con internos ocupándolas a cielo abierto”, señala. Además, los médicos que trabajan en esa área tienen un espacio reducido para desempeñar sus labores.

La seguridad es otro punto que preocupa al CDH. Navarrete explica que, antiguamente, el área administrativa estaba más cercana a los pabellones, con poca distancia entre las edificaciones. “Ahora esa distancia está cortada por un muro alto (de unos 10 metros) de hierro, que tiene perforaciones de fusil, lo que evidencia el nivel de violencia que han sufrido”, recalca.

Finalmente, expresa que, según la información recabada, los pabellones no están distribuidos por tipos de delitos, sino por pertenencia a bandas delictivas. Es decir, estas agrupaciones continúan teniendo poder en cada pabellón.

Kléber Carrión, oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional y quien ha trabajado en el sistema carcelario, señala que el enfoque de la rehabilitación social debe cambiar. Cita el artículo 9 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la participación de las personas privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los centros de privación de libertad debe ser integral, individual y voluntaria.

“Como el sistema dice que es voluntario, el privado de libertad ingresa o no ingresa a las actividades. Y ahí entra el control que tienen los líderes de las organizaciones, ellos son los que permiten quiénes ingresan a las actividades”, dice.

Menciona que los líderes no suelen participar en los programas, pero, sorpresivamente, obtienen beneficios penitenciarios, como el régimen de prelibertad. En su opinión, esto impide una verdadera rehabilitación y sugiere que el principio debe ser de obligatoriedad, en lugar de ser voluntario.

También sostiene que los pabellones no deben estar divididos por bandas criminales, sino que debe haber una mezcla de internos para disminuir la posibilidad de que se organicen en bandos.

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Por su parte, Julio Ballesteros, abogado y exviceministro de Rehabilitación Social, menciona que actualmente es complicado mezclar a los internos, ya que eso podría generar riñas y conflictos entre bandas que intenten imponerse. Por lo tanto, cree que primero el Estado debe recuperar el control en las cárceles.

Señala que la presencia de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad ha hecho que las bandas pierdan control total. Sin embargo, esto también ha provocado disputas para ver quién puede captar a funcionarios y seguir obteniendo beneficios y objetos prohibidos, lo que influye inevitablemente en que los trabajadores sean amenazados e incluso asesinados. (MPG)

A través de un correo enviado al departamento de Comunicación del  , EXTRA consultó sobre la existencia de las falencias detectadas en la cárcel por el CDH. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.

Por otro lado, en un comunicado público expedido el jueves 19 de septiembre por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, de la cual forma parte el CDH, se condenó el asesinato de la directora encargada de la cárcel, exigiendo que se investigue, por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el SNAI, a los responsables de garantizar medidas adecuadas de protección a los funcionarios penitenciarios.

Asimismo, se instó al Gobierno a implementar medidas eficaces frente a la crisis carcelaria y a mejorar la seguridad en los reclusorios a escala nacional.

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