Jorge Amores cambia dólares por euros. Trabaja en el norte de Quito y, a pesar de manejar fuertes sumas de dinero, no está de acuerdo en comprar una pistola.

Su opinión discrepa con la disposición que dio el presidente Guillermo Lasso: los civiles podrán portar armas para su defensa. “Yo alguna vez fui policía y, aun así, creo que no debemos estar armados”, analizó Amores.

A su criterio, la gente no está preparada para el manejo de este tipo de ‘herramientas’ para defenderse. “Imaginemos que hay una pelea entre vecinos. Lo primero que alguien sacará será su pistola y habrá muertos que lamentar”, precisó el cambista.

Esa opinión la comparte Marcel Merizalde, analista en temas políticos y de seguridad, quien asegura que esa medida, al igual que las demás tomadas por el presidente Lasso para combatir la delincuencia, como los estados de excepción o toques de queda, no hará más que aumentar la criminalidad.

¿Pero no se debería exigir que se cumplan los requisitos emitidos dentro de la misma resolución presidencial? Ante ello, Merizalde fue muy enfático: “Estamos en un país donde se busca cualquier camino para conseguir documentos de una manera más fácil. Un ejemplo de ello fue la obtención de certificados de discapacidad para comprar carros en el exterior. No se diga ahora que se requerirán papeles para portar armas”.

A FAVOR

Pero la opinión de Amores no la comparten otras personas, que más bien están a favor de que el jefe de Estado haya optado por esa iniciativa. “Tengo un bate de béisbol en la cajuela de mi auto. A la primera oportunidad que alguien quiera hacerme daño, no dudaré en usarlo”, comentó Iván Ulloa, quien estaba parado a pocos metros del punto de trabajo de Amores.

Para Ulloa, lo que tienen que hacer las autoridades es aclarar cómo será el proceso para la adquisición de un arma, para que no existan ambigüedades. “La aseveración que hizo el presidente Lasso fue muy general y se tiene que definir bien cómo se hará”, analizó el ciudadano. Él acotó que la capacitación sería lo óptimo para el manejo de armas, para que la gente pueda defenderse.

A este criterio se unió Carlos Blanco, oficial de Policía en servicio pasivo, abogado y analista en temas de seguridad, quien dijo que esto permitirá que el delincuente lo piense dos veces antes de atacar a las personas.

“Cuando se trata de la defensa de un bien jurídico como lo es la vida serán protegidos por el Estado y, en este sentido, es una decisión que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo”, dijo el coronel Blanco.

Agregó que Ecuador está en un contexto en el que la sociedad tiene que protegerse. “Estamos viendo cómo se asesina a personas inocentes, se secuestra, se extorsiona, se ponen bombas en la gente. Debe hacerse algo”, finalizó. (MAG)