Para los policías, el peligro de enfrentarse a los criminales no solo radica en resultar heridos o fallecidos por repelerlos. El riesgo de que puedan ser llamados a juicio por sus actuaciones también está latente.

La Asamblea Nacional está en el análisis de la denominada Ley de Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza. El proyecto está siendo analizado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la legislatura.

Para el asambleísta Jorge Pinto, integrante de la comisión, la ley busca “deslindar jurídicamente a la Policía para que ejerza su trabajo”, pero sin vulnerar derechos humanos.

Precisamente oficiales policiales han acudido al Legislativo para brindar sus aportes y exponer sus puntos de vista. Una de sus preocupaciones, según Pinto, es que se sienten “desprotegidos”.

Por ello y, además, como una respuesta ante la ola delictiva que vive el país, la aprobación de la ley es “prioridad”, recalca el legislador. Pero el informe para primer debate está previsto para mayo y no se ha podido trabajar tan rápido como hubieran querido, reconoce Pinto.

En tanto, el primer mandatario, Guillermo Lasso, en octubre anunció el envío de un proyecto denominado Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública, que implica la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública, para defender a policías o militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad.

"HAY QUE TENER CLARA LA LEGÍTIMA DEFENSA"

Stalin Sacoto, exagente de Inteligencia de la Policía y también abogado, refiere que, de acuerdo al artículo 30 del Código Orgánico Integral Penal, no existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por estado de necesidad o legítima defensa. Apunta que la legítima defensa se produce en tres situaciones: una agresión actual e ilegítima, una falta de provocación por parte de quien se defiende y una necesidad racional del medio empleado; es decir, la posibilidad de hacer uso de un elemento (puede ser un arma o no) para evitar sufrir una agresión.

Pone como ejemplo el caso del policía Marco Parra, a quien se le inició una investigación por homicidio, luego de disparar a un presunto delincuente que entró a robar con su compinche a un restaurante situado en Cotocollao, norte de Quito, la noche del sábado. El pillo habría sometido a Parra y al dueño del local con una pistola y, aprovechando un descuido, el gendarme sacó su arma de dotación y disparó al atacante, quien murió en el acto.

“Lo que el fiscal debió determinar es si existían los suficientes elementos de convicción. Y sí, abrir una investigación previa para determinar si actuó en legítima defensa para, sobre ello, iniciar o no un proceso”, analiza.

"EL OFRECIMIENTO DE APOYO DEBE CUMPLIRSE"

Uno de los puntos claves para que los uniformados puedan ejercer su trabajo, sin temor a tener consecuencias judiciales, es que exista un “respaldo político” del Gobierno, algo que no se cumple en la práctica, opina Abraham Correa, exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional. El temor a ser enjuiciados influye en que los gendarmes no actúen radicalmente, dice.

Por tanto, la defensa de los agentes debe ser una prioridad, que no solo quede en promesas que no llegan a efectuarse. “Dicen que van a poner una unidad jurídica para los policías, pero esto aún no se ha concretado (...). Por esto se ven todos los días las actividades de los delincuentes por uno y otro lado y el servidor policial no responde, porque no tiene ese respaldo de sus actuaciones”, recalca.

En su criterio, para comprobar la transparencia de la actuación policial debe utilizarse la tecnología (como cámaras de vigilancia), que debe complementarse con las versiones de testigos que presencien estas intervenciones policiales. “¿Quién es el que determina el uso progresivo de la fuerza? Son las circunstancias las que pueden avalar la actividad. Para eso están los aparatos tecnológicos”, cuestiona.