El 15 de mayo se realizará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Danny Javier Albán Hidalgo y Luis Armando Flores Ortiz, quienes presuntamente cometieron amenazas extorsivas y un atentado en Guayaquil.

Fueron detenidos el 25 de marzo, ocho días después de que se pusiera en marcha la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), una iniciativa de la Policía Nacional destinada a reducir este delito.

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Al igual que en otros casos criminales, se insta a la población a denunciar estos actos delictivos, lo cual no ocurrió inicialmente en el caso bajo investigación de Flores y Albán. Las amenazas se venían produciendo desde noviembre de 2023, dirigidas al propietario de un negocio, pero la Policía Nacional solo tuvo conocimiento de los hechos después de la detención de los sospechosos.

La captura de los individuos tuvo lugar en la ciudadela Alborada, en el norte de la ciudad, luego de que los agentes escucharan una explosión en un local comercial y posteriormente identificaran a personas posiblemente relacionadas con el atentado huyendo en un vehículo.

Tras una persecución, lograron interceptar y detener a Flores y Albán. El vehículo en el que viajaban estaba reportado como robado. Según información policial, las amenazas se realizaban por teléfono con la intención de que la víctima pagara una suma de dinero para evitar atentados.

En otro incidente similar, el propietario de un taller en el noroeste de la ciudad sufrió amenazas extorsivas por teléfono este año. Sin embargo, su situación mejoró cuando un familiar lo ayudó a denunciarlo a la Policía.

Los investigadores comenzaron a indagar y descubrieron que no se trataba de una banda delictiva organizada, sino de individuos que obtuvieron el número de teléfono y trataron de extorsionar.

El afectado cambió de número, mientras los agentes recababan información. Después, él no recibió más intimidaciones.

El coronel Galo Erazo, director nacional de la Policía Judicial, informa que desde la activación de la FICE, el 17 de marzo, 328 personas han sido detenidas en el país por extorsión (ver infografía a continuación).

“Este tipo penal, que ha tomado auge en los últimos meses, estamos tratando de contrarrestarlo, contenerlo y reducirlo a través de la FICE”, expresa.

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Esta unidad está conformada por 300 investigadores de campo, que laboran en unidades especializadas y tienen un conocimiento técnico y experiencia, como por ejemplo agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

El oficial destaca la importancia de denunciar estos casos para identificar, detener y procesar a los implicados. Además de hacerlo a través de una denuncia en la Fiscalía, se puede comunicar lo ocurrido a números telefónicos especialmente habilitados para estas situaciones (ver los números a continuación).

Recomienda también no facilitar los números de cuenta bancaria ni ayudar realizando transferencias sin tener la certeza de cuál será el fin de estos movimientos.

“En todo este trabajo que se ha desplegado en la ejecución de técnicas de gestión investigativa hemos encontrado personas que han recibido estos depósitos o transferencias, y que en poco tiempo vuelven a transferir a quienes finalmente se benefician de dinero, obtenido producto de la extorsión y secuestro”, detalla.

Erazo explica que las extorsiones suelen involucrar al menos a tres personas: el que realiza la llamada o envía el mensaje, alguien que facilita la cuenta para recibir el dinero y otro individuo que recibe y distribuye el dinero dentro de la estructura delictiva.

Hay casos que llegan a consecuencias más graves, como la ejecución de atentados, con la participación de más sujetos. Por eso señala que es crucial conservar registros digitales o cualquier información, ya que pueden ser pistas importantes para identificar a los responsables. Se garantiza la reserva de identidad del denunciante.

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