Una estructura dedicada al cobro ilegal de dinero para evitar multas y la retención de vehículos, que involucraba a miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y otros colaboradores fue desarticulada este jueves 17 de octubre de 2024 en el operativo Pico y Plata, ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en Quito, el Valle de los Chillos y la provincia de Imbabura.

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El mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, informó que en total fueron detenidos nueve uniformados y cinco civiles.

Según fuentes policiales, entre los integrantes de esta red había también dueños de servicios de remolques de vehículos, quienes habrían colaborado con los agentes de la AMT en actividades ilícitas para presionar a sus víctimas.

Los uniformados habrían aprovechado sus cargos para exigir pagos a los conductores por infracciones, especialmente relacionadas con el plan Pico y Placa, que restringe la circulación en la capital según el número final de la matrícula, y por circular con llantas lisas, ambas sancionadas con la retención de vehículos.

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Se presume que los sospechosos cobraban estos pagos ilícitos mediante transferencias electrónicas o dinero en efectivo, con la ayuda de terceras personas, incluidos familiares y conocidos. La suma con la que se habrían beneficiado de estas actividades ilegales entre 2022 y 2024 ascendería a un millón de dólares, según información a la que tuvo acceso EXTRA.

Los sospechosos serían llevados a audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión.

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

En el operativo fueron incautadas las siguientes evidencias: 50 teléfonos celulares, 5 computadoras portátiles, 13 prendas relacionadas con el delito investigado (chalecos y otros accesorios), 15 dispositivos de almacenamiento de información, 120 indicios considerados de valor documental y más de 2 mil dólares en efectivo.

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