Corea del Sur enfrenta una crisis política sin precedentes luego de que el presidente Yoon Suk-yeol declarara la ley marcial. El 3 de diciembre, el gobierno ordenó el cierre del Parlamento, prohibió todas las actividades políticas y estableció restricciones sobre los medios de comunicación, justificando estas medidas como necesarias para proteger al país de lo que consideró "fuerzas comunistas" y actividades "anti-estatales".

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Cierre del Parlamento y prohibición de actividades políticas

En un comunicado emitido por Park An-su, el comandante responsable de implementar la ley marcial, se anunció que "todas las actividades políticas, incluidas las de la Asamblea Nacional, los consejos locales, los partidos políticos y las asociaciones políticas, así como las asambleas y manifestaciones, están estrictamente prohibidas". Además, se indicó que los medios de comunicación estarán bajo un control riguroso, lo que ha generado inquietud sobre posibles restricciones a la libertad de prensa y expresión.

¿Qué implica la ley marcial?

La ley marcial otorga al gobierno y al ejército poderes extraordinarios para mantener el orden en situaciones de crisis. Estas facultades incluyen la suspensión de derechos civiles, como la libertad de reunión y expresión, y permiten que los militares asuman funciones que normalmente estarían a cargo de las autoridades civiles. En el caso de Corea del Sur, esta medida tiene un fuerte componente histórico, ya que se ha utilizado en momentos de tensiones internas o amenazas externas.

¿Cómo llegó Corea del Sur a esta crisis?

La crisis actual surgió en medio de una intensa confrontación entre el gobierno de Yoon Suk-yeol y el Partido Democrático (PD), que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. En los últimos días, el PD aprobó los presupuestos generales para 2025 sin el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), los cuales incluían recortes significativos. Además, el PD presentó mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección. Estas acciones aumentaron la tensión entre ambos bloques políticos, lo que llevó al presidente a declarar la ley marcial como una medida para preservar el "orden constitucional".

La decisión de cerrar el Parlamento y controlar los medios de comunicación ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Críticos y defensores de los derechos humanos temen que estas medidas se utilicen para reprimir a la oposición política y consolidar el poder del presidente, mientras que los seguidores de Yoon defienden que son necesarias para evitar el caos y proteger la estabilidad del país.

Se espera que en los próximos días haya movilizaciones tanto de quienes apoyan como de quienes se oponen a estas decisiones. La comunidad internacional también está atenta a la crisis política en Corea del Sur, una nación clave en la región del Asia-Pacífico.

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