Luego de que el representante de la Compañía TaxiSangay denunciara unos supuestos cobros del concejal Orlando Núñez para “ayudarlos” en el proceso de regularización, quedó en la mira de la opinión pública.

Pero no solo el edil, sino también su hermano Mauricio Núñez, con quien conforma un dúo musical, y Janeth Lascano, registradora de la Propiedad del Municipio de Quito.

La denuncia se realizó en la sesión de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano. Además, Jorge Lugmaña, representante de la cooperativa, entregó un documento dirigido a Santiago Guarderas, presidente de dicha comisión.

“Seguimos recogiendo los valores y se logró reunir otros cinco mil dólares que fueron entregados a la señora Janeth Lascano Díaz (...) esta transferencia se hizo con los dineros que se habían recogido en la compañía con los accionistas”, expresa el documento. En total serían 10.000 dólares.

Lascano dijo a EXTRA que sí recibió dicho dinero, pero que se trataba de una deuda que mantenía con el gerente anterior de la compañía. “Él tenía una mina y yo le ayudaba con los estudios de impacto ambiental”, agregó.

Ambos hermanos Núñez tienen el teléfono apagado; sin embargo, la asesora de comunicación del edil comentó que se encuentra hospitalizado desde el lunes. “Tiene reposo médico por una peritonitis”, dijo.

Regularización

Édison Burbano, abogado de la cooperativa, informó que la entidad espera por la regularización desde 2009, año en el que la Corte Constitucional habría fallado a su favor.

Guarderas agregó que la Comisión no tiene conocimiento de si la entidad fue parte del proceso de regularización de taxis realizado en 2017. “Solicitamos a la Agencia Metropolitana de Tránsito un informe completo para la próxima sesión”. Pero esta no sería la primera vez que se destapa un escándalo así.

En la administración municipal anterior se identificó una red de corrupción en la que se pedían dinero a los transportistas. Los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica fueron procesados en abril de 2018.

“El Municipio está empañado por la corrupción, el proceso de regularización anterior fue vergonzoso que incluso debió ser suspendido”, espetó Guarderas.

El concejal Fernando Morales propuso que este caso se trate en el pleno del Concejo. “Los ediles debemos dar seguimiento al proceso. No se pueden repetir las malas experiencias de la administración anterior”.