El caso Metástasis evolucionó y derivó en una purga a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que llevó a la detención de ocho funcionarios judiciales, un exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y su esposa, además de una procuradora síndica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y un empresario. 

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha informado que esta presunta red criminal ha “permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano”. Lo que no ha precisado la funcionaria, hasta el cierre de esta edición, es el rol que cumplía el hombre de negocios atrapado en esta operación, identificado como Fausto Alarcón Gómez.

(Lee también: Caso Purga: los jueces detenidos y los sensibles casos que llevaron)

En los registros de la Superintendencia de Compañías, él consta como administrador actual de cuatro empresas, como presidente o gerente general, y en dos de estas es accionista. Uno de los negocios es un reconocido lugar de venta de sánduches de chancho localizado en la zona sur de Guayaquil. Otros dos se relacionan con la producción de carnes y café, mientras que la última compañía se dedica a actividades de producción para medios de comunicación.

Para Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), “es importante entender que todo tipo de lavado (de activos) necesita siempre un vínculo con el sector privado”. 

Por eso, considera que las investigaciones del caso Metástasis y Purga son innovadoras, porque se están enfocando también a las compañías. “Que tengan al empresario es importante (...). Las empresas son estas herramientas que permiten generar el procesado de lavado de activos, por corrupción sería en esta ocasión”, sostiene.

Sin embargo, señala que serán los investigadores quienes determinarán las actividades y nexos que existan, porque se debe tener en cuenta la presunción de inocencia, pero explica -de manera general- que si alguien tiene algunas empresas puede facilitar el lavado de activos y justificar de alguna manera los fondos de procedencia ilícita, por ejemplo, a través de inversiones (compra de acciones) o mover el dinero a través de terceros, como testaferros. 

“Es importante que (en Ecuador) se empiecen a enfocar en la responsabilidad penal de las empresas, porque es algo que ya se ve en otros países como España, Colombia e incluso México (...). Ecuador empieza recién a entender ese rol”, expone Rivera.

Nelson Yépez, especialista en Seguridad, coincide con el coordinador el OECO y añade que en un caso como estos, en los que hay un empresario, alguien del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Ruth Solano) y un exasambleísta (Pablo Muentes), se “podría evidenciar que tal vez hubo obras, incluso muy grandes, de por medio”.

(Además: Caso Purga: Los lujos de Pablo Muentes que la Fiscalía encontró en su casa)

“El empresario es la figura clave en esta trama, porque él, al recibir un contrato, está protegido por la estructura de abogados, jueces y hasta el asambleísta pudo haber presionado para que, por medio de su partido político, sea asignada la obra al empresario”, señala el experto como una hipótesis. Yépez concluye que en la delincuencia organizada un “empresario es la clave para manejar los dineros y que este, al final, termine siendo lícito”.

Algunos de los jueces detenidos han llevado casos ‘sonados’ o se han visto involucrados en presuntos actos ilícitos, como Johan Marfetán, quien ha sido señalado de recibir sobornos para favorecer judicialmente a la madre y hermano del extinto narcotraficante Leandro Norero.

Guillermo Valarezo, en cambio, es quien habría beneficiado con un habeas corpus al segundo líder de Los Choneros, Junior Roldán, cuyo asesinato se reportó en Colombia el 6 mayo de 2023, mientras que Reinaldo Cevallos fue investigado por las armas halladas en su casa en 2014. Eso llevó a su destitución, pero fue reincorporado. Él tuvo el caso del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, asesinado el 27 de enero de 2021.

(No te pierdas: Caso Purga: La expresidenta de la Corte del Guayas y su relación con Mayra Salazar)

Alberto Lino fue quien votó a favor de ratificar la inocencia de los hermanos Dalo y Michelle Bucaram, también a Gabriela Pazmiño, en el caso de delincuencia organizada por la compra de insumos médicos en hospitales del IESS. 

Fabiola Gallardo, en cambio, fue presidenta de la Corte del Guayas. Fue cuestionada por el supuesto nombramiento de Mayra Salazar (quien supuestamente mantenía una relación con Norero y le hacía favores judiciales) como su asesora de Comunicación, pese a que ella lo ha negado.

El abogado Alberto Montenegro señala que tras este nuevo operativo realizado por la Fiscalía General del Estado, se demuestra que la corrupción en el país estaría introducida en el más alto nivel y, según el experto, es evidente que el crimen organizado operaría en parte de la administración pública.

El jurista explica que los actores criminales comprarían autoridades judiciales y administrativas para que su trabajo sea más viable, tengan vehículos más organizados y, sobre todo, “no tengan interrupción de las autoridades estatales”. 

Montenegro agrega que en los actos ilícitos estarían involucrados funcionarios dentro la Policía, en la administración de Justicia, en la Fiscalía y, ahora, en la función legislativa. Para el experto no es de sorprenderse cómo se infiltró el crimen organizado con altos jueces para facilitar sus operaciones delictivas. Precisa que, como consecuencia, esta problemática genera impunidad, inseguridad jurídica y que la ciudadanía no esté segura ni confíe en el Estado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!