Desde hace 19 días la habitación de una casa de salud de Guayaquil se ha convertido en el espacio en donde Kael, un niño de 6 años, víctima de maltrato físico y sexual, enfrenta una batalla contra la muerte.

El último martes, el menor de edad fue sometido a su séptima intervención quirúrgica en el hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, en donde permanece internado en la unidad de quemados, desde el pasado 4 de septiembre, fecha en que fue derivado desde una casa asistencial de Milagro (Guayas) por encontrarse en estado crítico.

Días antes, Kael fue llevado por su madrastra a un hospital de Naranjal y luego por las complicaciones en su salud al de Milagro. A los médicos del primer lugar la mujer les aseguró que el 23 de agosto el niño habría sufrido un accidente casero, pues la olla en la que preparaba los alimentos se viró y le cayó encima. Esta información consta en el proceso judicial que fue abierto por la Fiscalía el pasado 9 de septiembre.

Sin embargo, las marcas y las lesiones en el cuerpo hacían sospechar que no se trataba de un percance. La mujer y el padre del pequeño fueron detenidos y sometidos a una audiencia de formulación de cargos, en donde el hombre fue absuelto, porque argumentó que se encontraba laborando en una camaronera y que por su trabajo se ausenta hasta por 20 días de su domicilio.

A la madrastra del niño, el juez a cargo de la diligencia le dictó medidas cautelares, por lo que tiene prohibido salir del país y debe presentarse ante la autoridad, cada ocho días.

Agentes de la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Unipen) se contactaron con la madre del menor de edad y de su hermanita, de 8 años, quien también habría sido víctima de maltrato y de violencia sexual.

La pequeña fue rescatada de la casa en donde vivía con su padrastro y la conviviente de este y trasladada por sus familiares a Guayaquil para que reciba atención médica. Ahora está en un sitio de acogida.

Dos años sin ver a sus hijos

EXTRA dialogó con la mamá de los niños, quien es oriunda de Atacames, cantón de la provincia de Esmeraldas. Ella aseguró que hace dos años y seis meses no sabía del paradero de sus hijos, porque su expareja se los arrebató y no le permitía tener contacto con ellos.

“Cansada de las agresiones físicas, en el 2019 me separé del padre de mi niño y padrastro de mi hija. Un día salí a trabajar y dejé a mis niños al cuidado de mi mamá, cuando regresé él se los había llevado. Por teléfono me decía que estaban bien, pero no me daba su dirección”.

La mujer recordó que cuando fue agredida por el padre de su niño acudió a la Fiscalía de Atacames para denunciar el hecho, pero que no se la receptaron, porque en su cuerpo no había huellas visibles de maltrato.

La madre del padre biológico de la niña, quien también llegó al Puerto Principal para estar pendiente de su estado de salud, afirmó a este Diario que la nena le reveló que tanto ella como su hermanito eran maltratados por la conviviente de su padrastro.

“Mi nieta dice que la mandaron a dormir y que cuando despertó su hermanito estaba quemado. Lo que hemos podido averiguar es que Kael fue llevado a una casa de salud porque estaba convulsionando. Los vecinos conocían del maltrato, pero no denunciaban por miedo, ya que en el sector son conocidos por ser una pareja conflictiva”, manifestó la señora.

Afirmó que su exnuera y madre de los pequeños se dedicaba al reciclaje y que tanto los niños como sus padres son originarios de Atacames.

“No fue un accidente”

Patricia Castro Coronel, abogada que representa a los familiares de los afectados, indicó que, de acuerdo al informe médico, el niño presenta huellas de quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, laceraciones antiguas y, además, habría sido víctima de violencia sexual.

“Las quemaduras son gravísimas. El informe médico revela que el pequeño ingresó al hospital de Milagro con el abdomen agudo. Además, al realizarse los exámenes se observó un cuerpo extraño en sus intestinos que, al parecer, ingresó por vía anal y esto fue lo que provocó laceraciones internas. No fue un accidente, como asegura la madrastra”, detalló. La víctima también presenta laceraciones en sus glúteos.

La jurista no está de acuerdo con la versión dada por la acusada, quien dijo que fue la hermanita la que le introdujo un palo de escoba a su ñañito.

“Una niña de 8 años no tiene la fuerza para realizar un acto como este y que ha producido tremendo daño. Están tratando de derivar la responsabilidad, es un mecanismo de defensa para no culpar a las personas que estuvieron al cuidado del menor. Además, la niña también ha sido maltratada y abusada”, argumentó la abogada.

Finalmente, hizo un pedido a la Fiscalía para que se investigue cronológicamente a quienes atendieron a los niños y por qué los médicos no informaron lo que estaba pasando, situación que según la defensora habría derivado para que las autoridades judiciales de Naranjal no cuenten con los elementos que permitan formular cargos en contra de la madrastra y el padre del Kael, quien actualmente lucha por sobrevivir.

Existen dos tipos de maltratos

El capitán Andrés Rivadeneira, jefe subrogante de la Unipen Zona 8, explicó que cuando una persona conoce que un menor de edad es maltratado lo recomendable es acercarse a la Fiscalía o llamar al 911 y denunciar, porque en casi todos los casos el agresor está dentro del hogar.

“La violencia en contra de los niños va de la mano con la violencia intrafamiliar, es decir también la madre ha sido maltratada. Lo recomendable es denunciar para que no termine en un femicidio o con la muerte del menor”, aconsejó el capitán de la Policía.

Indicó que existen dos tipos de investigaciones, la que realiza la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en la que se denuncian maltrato físicos que no constituyen delitos.

“Por ejemplo, cuando uno de los progenitores castiga a su hijo, pero no existen señales graves de violencia”, sostuvo. Sin embargo, cuando existe un delito grave, la denuncia la recaba la Fiscalía y la Unipen (Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños y Adolescentes) investiga.

“En el caso de los niños de Naranjal lo correcto era que la primera persona que observó la agresión debió denunciar y evitar que culmine la flagrancia”, indicó.