No solo estuvieron hacinados en los contenedores isotérmicos del Centro Forense Guayaquil, así también permanecerán en el cementerio. Ese es el triste fin para muchos de los cadáveres que permanecían en dicho lugar, algunos de ellos desde hace varios años incluso.

Este jueves 4 de julio de 2024,  al menos 32 cadáveres de muertes violentas, en condición de no identificados, fueron inhumados por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en nueve nichos del camposanto Jardines de la Esperanza, ubicado en la avenida Felipe Pezo Campuzano, en el norte de Guayaquil.

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Un día antes, el miércoles 3 de julio de 2024, en horas de la mañana, personal forense abrió las puertas de los tres contenedores que están en el patio del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses y sacaron a todos los cadáveres, incluidos los que se descompusieron dentro de un contenedor el mes pasado.

Por 23 días estuvieron, bajo las altas temperaturas de la ciudad, sin refrigeración. Los cuerpos yacieron en el suelo del área de parqueo y en una zona empedrada sin estar sobre bandejas metálicas, que a su vez estas reposarían sobre camillas, especificó Agapito Salvaterra, médico forense y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Lo ocurrido, a criterio del analista político Alfredo Espinosa, refleja que el sistema de salud no funciona y que las mismas prácticas de la pandemia se replican ahora, dada la falta de planificación y organización.

Ayer, los cuerpos fueron trasladados en tres camiones isotérmicos hasta el cementerio Jardines de la Esperanza, contó a EXTRA personal del camposanto que pidió no ser identificado. El personal forense llegó a las 09:00 y estuvo cerca de una hora y media. Las dos semanas pasadas, este proceso lo hicieron los viernes.

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Ana Herrera, asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana y vicepresidenta de la Comisión del Derecho de la Salud y Deporte, expresa que “evidentemente hay un vacío legal”, pero no pueden hacer reformas a la Ley Orgánica de Salud, emitida en 2006, porque el Código Orgánico de la Salud está pendiente de aprobación. Este fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno. 

Christian Quimí, especialista en Derecho constitucional y Administrativo, y docente de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, manifiesta que no existe una regulación que determine específicamente por cuánto tiempo un cuerpo por muerte violenta sin identificar puede estar en las morgues antes de ser sepultado. Tampoco si estos deben estar en un contenedor ni cómo deben ser tratados.

Este Diario solicitó una entrevista con Milton Zárate, director nacional de Medicina Legal, pero aún no responde. Tampoco su personal de comunicación a las diversas solicitudes de información desde el 11 de junio pasado.

El artículo 88 de la Ley Orgánica de Salud, emitida en 2006, determina que “ningún cadáver podrá mantenerse insepulto o sin someterse a cremación por más de setenta y dos horas, excepto cuando medie orden judicial o no sean reconocidos o reclamados por sus familiares o derechohabientes (…)”.

Por otro lado, el artículo 5 del Reglamento para el manejo de cadáveres y servicios funerarios ordena que “los cadáveres o mortinatos no podrán ser cremados cuando se trate de muerte violenta, medie orden judicial (...)”.

Ante esto, el exasambleísta Luis Almeida señala que “se debe hacer una reforma profunda en el Código Orgánico Integral Penal” para que desde esta normativa “se disponga el tratamiento adecuado”.

Al final de la inhumación, el personal del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses elaboró unas imágenes sobre la inhumación, en donde se ve a todo el equipo sonriente entre unas paredes de nichos.

En la gráfica que colocaron, se lee que en el proceso trabajaron: Ministerio del Interior, Fiscalía Provincial del Guayas, Gobernación del Guayas y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

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