Cuando parecía que había una luz en el hundimiento de las casas en los sectores 1 y 4 de Solanda, los afectados se toparon con que no habrá indemnización. Fue el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien lo anunció en su informe semanal. “La respuesta es negativa”, dijo.

La aseguradora justificó su decisión al señalar que los estudios que se realizaron para establecer las razones que provocaron el hundimiento “no son contundentes”, según Muñoz.

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Esto ha indignado a los 360 afectados, pues de a poco ven cómo sus viviendas dejan de ser habitables. Fernando Proaño abandonó su hogar hace cinco años. Incluso las ventanas se han roto por el peso de la construcción.

Él le abre la puerta al equipo de EXTRA para ingresar a lo queda de su vivienda. “Dios no ha de querer que se nos caiga la casa encima”, dice. Su casa es la que peor ha quedado y junto con otras 49 ya fue declarada como de alto riesgo no mitigable. Invirtió la liquidación de su trabajo en 1997: 170 millones de sucres.

“No es justo que nos dejen así. Si no estuviera en la casa que era de mis padres, yo viviría en la calle”, asevera.

El trabajo de las directivas ha sido fundamental desde 2017, año en el que ya se registraron los daños. “Han intentado separarnos, pero seguimos en pie. No vamos a permitir que nos olviden”, agrega.

Proaño es el director Jurídico del Comité Ejecutivo de Solanda. También han emprendido acciones legales en contra de la Empresa Metro de Quito, pero sin resultados.

Han pensado incluso en tomarse las instalaciones del metro. “Sería algo pacífico, también tenemos claro que no podemos interrumpir un servicio público”, dice Juan Navarrete, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Solanda.

Su casa aún es habitable, pero cada día escucha que suena. “Se siente clarito lo que se sigue hundiendo. Pusieron unas tablas en las paredes, pero eso no sirve”, reclama.

Tampoco recibirá menos de lo que su casa le costó: 120.000 dólares. “Ahí metí mi jubilación y los ahorros de toda mi vida”, relata.

“Ustedes mismos pónganse un peritaje neutro, objetivo y vayamos adelante. Pero si han opinado universidades, firmas consultoras y les sigue pareciendo insuficiente, el tema es dónde está la suficiencia”, señaló el alcalde.

Los estudios, en los que se establecería que la construcción del metro incidió en los hundimientos, fueron realizados por la empresa Geo Global y los entregaron al Municipio de Quito, que a su vez entregó a la aseguradora. El informe no ha llegado a los habitantes de Solanda.

Según Muñoz, el siguiente paso es acudir a la Superintendencia de Compañías y a la par seguir trabajando con los moradores del sector.

Hasta tanto, se espera que Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, acuda a la sesión del Concejo Metropolitano este 12 de marzo “para que nos explique específicamente qué es lo que se va a hacer con el tema de Solanda”, dijo la edil Analía Ledesma.

Una solución para la concejal, podría ser que con el presupuesto del Municipio “se genere un alivio, un stand by, para que, mientras se solucionan los litigios con la aseguradora, se puedan solventar de alguna forma los problemas de los vecinos”, finaliza.

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