Mayra Carolina Salazar Merchán se identifica en su perfil laboral como una profesional de la comunicación y las relaciones públicas, con más de 11 años de experiencia y habilidades para realizar campañas sociales y comerciales en “beneficio del cliente final”. 

(Lee también: Lujosa casa de ‘Fito’ en Argentina tenía un olor a podrido: policía la clausuró)

Para la Fiscalía, en cambio, es la pieza clave en dos casos de delincuencia organizada que relacionan la política, el sistema judicial y el narcotráfico, porque habría información de su teléfono celular y aquellos del narcotraficante Leandro Norero Tigua, asesinado en la cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022, que la implicarían en hechos ilícitos.

Salazar es una de las procesadas del caso Metástasis y ha sido mencionada, como parte importante, en las investigaciones de la operación Purga, ejecutada el lunes 4 de marzo de 2024. En este último caso hubo la detención de siete jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Fabiola Gallardo Ramia, un empresario, un servidor judicial, una procuradora síndica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y un exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Bolívar Muentes Alarcón.

Según el Ministerio Público, Mayra Salazar se relacionó con Pablo Muentes en 2021, luego de que él consiguiera una curul en las elecciones de febrero, para que ella trabajara en “miras de ganar la elección de la Corte Provincial de Justicia del Guayas”, cargo que consiguió en 2022 la jueza Fabiola Gallardo. 

La Fiscalía ha precisado que fue la magistrada quien recomendó a Muentes que contratara a Salazar, con quien pactó un sueldo de 2.500 dólares mensuales, en efectivo. Además, se ha revelado que el entonces asambleísta habría financiado la campaña de Gallardo.

Salazar, quien “tenía voz y voto en la Corte”, pese a su rol de comunicadora, habría logrado que Muentes y su esposa, Mónica Alvarado, se beneficiaran de fallos judiciales, como una indemnización de 4 millones de dólares por “daños causados” en contra del Banco del Pacífico.

También habría logrado favorecer a un primo de Muentes, Fausto Alarcón Gómez, quien en la Superintendencia de Compañías consta como administrador en cuatro empresas, una de esas es un reconocido negocio de sánduches de chancho, en Guayaquil. Él se habría beneficiado con un habeas data que le permitió apropiarse de un terreno valorado en $ 200 mil, en el cantón Durán, en Guayas.

Luego de que Fabiola Gallardo se posesionara como presidenta de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, quien es identificada por la Fiscalía como la publicista, pasó a trabajar con ella. Salazar también ha sido señalada como la “mano ejecutora de la presidenta de la Corte”, en esa época. Ella habría tenido “como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal, para controlar las acciones judiciales y administrativas”.

De esa manera habría tratado de favorecer a narcotraficantes como Norero o José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de Los Choneros. De este último, Gallardo habría buscado beneficios económicos para lograr que el capo chonero no fuera trasladado de la cárcel Regional, de Guayaquil, desde la que escapó y se encuentra prófugo. 

Ese caso sigue aún en curso, porque hay una apelación en la que se debe todavía decidir si se revoca o no esa medida. Dos de los jueces del tribunal que debía tomar esa decisión fueron detenidos en el caso Purga: una es Gallardo y el otro es Reinaldo Cevallos Cercado.

La Fiscalía ha expuesto que Pablo Muentes, “utilizando el poder político que ostentaba, habría logrado que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos en contra” de Fabiola Gallardo, en 2023.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!