Siete acusados por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico ilícito de migrantes fueron llamado llamados a juicio. El llamamiento se emitió la tarde de este 6 de diciembre del 202, el juez multicompetente del cantón Gualaceo, provincia del Azuay, Edwin Regalado.

Los sospechosos son Milton M., Blanca G., Rosa P., Jenny I., Aníbal S., Lorenzo P. y Jaime L. quienes cumplen medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación tres veces por semana en los juzgados de las ciudades donde residen.

El fiscal del caso, Roberto Espinosa, en la audiencia preparatoria de juicio, informó que, durante siete meses de investigación, Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT) de la Policía Nacional, evidenciaron una presunta organización delictiva que trasladaba personas por pasos fronterizos no autorizados, desde el Austro y centro del país hasta Estados Unidos.

Milton M., identificado como presunto líder de la organización, fijaba las tarifas que los migrantes debían cancelar, delimitaba las rutas, controlaba la llegada de las víctimas a México y coordinada el traslado de ellos a Estados Unidos.

En el domicilio de Blanca G., ubicado en el cantón Gualaceo, se realizaban las reuniones con las víctimas. Milton M. viajaba los fines de semana -desde el cantón La Troncal- para entrevistarse con los interesados, quienes debían firmar letras de cambio y entregar el dinero y los documentos necesarios para el viaje.

Luego de pactar el viaje en valores de entre 13 mil a 16 mil dólares, las víctimas eran trasladadas a hostales en Quito, hasta que les entreguen pasaportes, autorizaciones de salidas de país en caso de niños y adolescentes, tickets aéreos y paquetes turísticos.

Los supuestos turistas viajaban por vía área por las rutas: Quito-México, Quito-Panamá-México, Quito-Bogotá-San Salvador-México o en vuelos chárter hasta Guatemala o México. Ahí, las víctimas permanecían hacinadas en inmuebles, hasta que eran trasladados por pasos irregulares a la frontera.

La investigación permitió la captura de los acusados durante siete allanamientos ejecutados el 6 de septiembre de 2021 en Gualaceo, Quito y La Troncal. Se incautaron: pasaportes, escrituras, letras de cambio, comprobantes de depósitos, celulares y 63 mil 450 dólares.

El fiscal Roberto Espinosa sostuvo la acusación con: informes investigativos de la UNIDT, en el que constan los seguimientos y vigilancias a las actividades de los acusados; informes de interceptación de llamadas telefónicas, pericias de audio y video; información remitida por entidades financieras respecto a las cuentas que tenían los acusados; cuadernos con anotaciones de los nombres de las personas