Rompió el silencio y lo hizo con toda la fuerza. El fundador se WikiLeaks Julian Assange aseguró este lunes 29 de octubre de 2018 que el gobierno ecuatoriano está construyendo todo un escenario para justificar, en el futuro cercano, la terminación del asilo diplomático del que goza desde hace seis años y cuatro meses.

La audiencia de acción de protección solicitada por la defensa de Assange para dejar sin efecto el protocolo de convivencia que emitió la Cancillería para la Embajada de Ecuador en Londres se desarrolló en la Unidad Judicial del Norte de Quito.

El australiano, naturalizado ecuatoriano desde diciembre, tuvo algo más de 20 minutos para exponer sus argumentos. Dijo conocer que hay diálogos avanzados entre los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Ecuador para que sea retirado el asilo.

Estos se habrían concretado, según Assange, en la visita que hizo el vicepresidente Mike Pence a Quito y luego en el viaje que hizo el presidente Lenin Moreno a Londres. Eso fue lo que tradujo Héctor Sandoval Tamayo que fue posesionado como perito, luego de que la semana pasada la audiencia fuera suspendida porque el asilado no entendía lo que le traducían.

Estas declaraciones provocaron la reacción del procurado del Estado, Íñigo Salvador, que calificó de “perversas” las insinuaciones de que Ecuador estaría actuando bajo la influencia de Washington y Londres. “Ecuador es un país que actúa y toma decisiones de forma soberana”, dijo el funcionario que además aclaró que el asilo no será retirado sin que se cumpla el debido proceso y los acuerdos internacionales sobre derechos para perdonad protegidas.

Salvador confirmo además la existencia de las notas diplomáticas de julio de 2014 en las que el entonces embajador de Ecuador en Londres, Juan Falconí, informaba al canciller Ricardo Patiño las inconductas de Assange en la sede diplomática.

Esta actitud negativa se mantendría al punto que en septiembre pasado hubo nuevas quejas porque la gente cercana Assange instaló un sistema de seguridad en el balcón de la embajada sin autorización de las autoridades ecuatorianas, además que la actitud hostil con el personal continuaría.

El abogado de Assange, Carlos Poveda, cuestionó el fondo “restrictivo” que tendría el protocolo y la defensa de la Cancillería defendió los 32 puntos que tiene el documento.