Los 30 meses que el hijo de Ruth (nombre protegido) estuvo privado de libertad no le sirvieron de nada. No se rehabilitó. Al cumplir su condena por robo volvió a delinquir y a consumir drogas, adicción que lo atrapó desde los 11 años.

Su madre tenía la esperanza de que en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Nº 1 de Guayaquil (antes Penitenciaría del Litoral) él cambiara. Pero su anhelo se esfumó cuando, mediante una llamada, el menor de sus cuatro hijos le reveló lo que pasaba rejas adentro.

Los otros reos le ofrecían drogas, pero después le exigían dinero en pago de lo que consumía. Si no les daba el billete lo agredían. Incluso, a Ruth dos veces la llamaron para pedirle plata. Ella en ambas ocasiones tuvo que ‘aflojar’ 100 dólares para que lo dejen en paz.

No podía creerlo. Se supone que en ese recinto su hijo no debía tener acceso a sustancias, esas que lo impulsaron a irse de casa en la adolescencia y a robar para tratar de conseguirlas.

Luego de salir de la ‘Peni’ el año pasado, al joven, de 22 años, se le acabó la libertad a los nueve meses y medio. Volvió a ‘cana’ al ser capturado durante un allanamiento a una vivienda que era usada para el microtráfico. Actualmente lleva dos meses recluido en ese centro carcelario y no ha podido dejar su adicción.

Según su madre, en la cárcel no recibe un tratamiento. La única opción es que cuando quede libre de nuevo lo pueda convencer de ingresar a un programa de rehabilitación. Sin embargo, es difícil. Con sus escasos recursos cinco veces lo llevó a clínicas económicas, que al final no contaban con las condiciones necesarias para su recuperación.

PROYECTOS PERDIERON FUERZA

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) fue consultado respecto a cómo se atiende a los internos que sufren efectos en su salud por dejar de consumir drogas al ser recluidos (síndrome de abstinencia). Además, se les consultó si han detectado consumo de sustancias en las cárceles y, de ser así, qué estrategias aplican para evitarlo. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

En el archivo de resoluciones emitidas por el SNAI, disponible en su web, consta una del 21 de septiembre de 2020, que detalla que los procesos y documentos técnicos para la implementación de atención en tratamiento de adicciones en los centros de privación de libertad serán levantados en coordinación y asesoría del Ministerio de Salud.

Estas acciones pueden ser “a través de grupos de autoayuda de narcóticos anónimos, servicio ambulatorio o ambulatorio intensivo, abordaje psicoterapéutico de prevención, atención y seguimiento, o cualquier otra figura que se creare para el efecto, bajo las recomendaciones técnicas del Ministerio”.

En el documento también se menciona que el centro de privación de libertad Azogues, “dada la intervención en infraestructura, podrá, previo informe técnico, prestar el servicio de tratamiento de adicciones como actividad adicional”. Una posibilidad que también podría extenderse a otros centros, bajo parámetros técnicos.

En enero de 2021, en la cárcel azogueña se inauguró una comunidad terapéutica. Estrategia que también se ejecutó en la cárcel de El Inca, en Quito. La exdirectora del establecimiento, Joselyn García, refiere que, en esa época, el grupo estaba integrado por unos 110 privados de libertad.

“Esta comunidad consistía en un pabellón exclusivo para quienes ingresaban en ella. Estaba apartada de los otros pabellones por seguridad. Ahí se aplicaba el denominado libro azul, que normalmente se usa en Narcóticos Anónimos, con 12 pasos. Además, tenían una modalidad en la que todo el día tenían actividades”, explica.

Los miembros de la comunidad tenían una jornada de 06:00 a 20:00, en la que estudiaban, realizaban cosas vinculadas a lo artístico, al aprendizaje de oficios y, entre más aspectos, recibían terapia psicológica.

“Entre ellos mismos se cuidaban. Si veían que alguno tenía la tentación de recaer, por más mínimo que sea, se reunían todos, conversaban con él, le decían, ‘sí, aquí te apoyamos’. O si, por ejemplo, fallecía el papá de alguien, todos estaban pendientes porque sabían que estaba en un momento frágil”, dice.

La abogada y máster en Derecho Penal agrega que la idea era replicar lo de las comunidades terapéuticas en otros centros carcelarios, pero en julio de 2021, con la designación de Fausto Cobo como director del SNAI en reemplazo de Edmundo Moncayo, esa intención no despegó totalmente.

Los privados de libertad con una adicción implican un doble reto para el Estado. Uno es proporcionarles un tratamiento adecuado y el otro, erradicar la oferta de drogas en las cárceles, situación complicada por la actual crisis carcelaria.

HAY INTERNAMIENTO, PERO SOLO EN 8 PROVINCIAS

Según el testimonio de Ruth, en los nueve meses y medio que su hijo estuvo libre antes de ir a la cárcel por segunda vez, ella intentó llevarlo a un centro de salud para que reciba un tratamiento, pero le indicaron que primero debía haber dejado de consumir sustancias durante 15 días.

“¿Cómo puedo hacer para que deje de hacerlo? Lo que necesita es un internamiento”, cuestiona y explica la señora. Es en estos casos en que aprovechan las clínicas clandestinas para hacer su ‘agosto’.

Según información proporcionada por el Ministerio de Salud, a escala nacional existen 11 Centros de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad), los cuales están ubicados en 8 de las 24 provincias del país: Imbabura, Esmeraldas, Pastaza, Manabí, Guayas, Pichincha, El Oro y Azuay. Entre todos estos establecimientos acumulan una capacidad de 424 camas.

Cada uno cuenta con un personal especializado, cuya cantidad depende del número de usuarios.

El ministerio acota que los Cetad corresponden a un tercer nivel de atención, que implica una internación. Sin embargo, hay casos de pacientes que pueden ser atendidos bajo una modalidad ambulatoria o ambulatoria intensiva, en centros de salud y hospitales.