Una presunta estructura criminal operaba desde el interior del sistema judicial ecuatoriano, según reveló la Fiscalía General del Estado (FGE) en el denominado caso Plaga. El mecanismo, de acuerdo con el Ministerio Público, era claro: jueces, secretarios y abogados habrían recibido altas sumas de dinero a cambio de liberar o favorecer a peligrosos delincuentes privados de libertad (PPL), entre ellos miembros del grupo criminal Los Lobos.

Por ese motivo, el juez nacional que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio contra trece personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tras acoger el dictamen acusatorio de Fiscalía.

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Dos de los procesados, ambos abogados, son considerados líderes de la red de corrupción judicial: Cristian Giovanny Romero Moya (prófugo, fue abogado del narcotraficante Leandro Norero e investigado en el caso Metástasis) y Jonathan Roberto Aguinda Shinguano.

Dinero ‘sucio’ en el sistema judicial ecuatoriano

La investigación de la Fiscalía identificó que la red, al parecer, se sostenía gracias a una operación millonaria de sobornos. Solo en los casos detallados por el ente acusador se registran pagos directos o transferencias que superarían los 100 mil dólares, según lo señalado en la diligencia judicial.

La presunta red que favorecía peligrosos delincuentes en Ecuador

Además de los presuntos líderes del esquema, quienes son abogados en libre ejercicio, el resto de los procesados incluye exjueces, exsecretarios judiciales y otros juristas que habrían facilitado resoluciones aparentemente amañadas, manipulado sorteos, aceptado informes médicos falsos y gestionado excarcelaciones por dinero.

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Entre los supuestos beneficiarios se identifican a presuntos cabecillas de peligrosas organizaciones delictivas y otros personajes reconocidos en el país, como:

• Jorge Glas, exvicepresidente del Ecuador, sentenciado en Sobornos.
• Daniel Salcedo, sentenciado en el caso Metástasis.
• Wilson Padilla, alias Brazudo.
• José Andrés M. B., alias San Andrés.

Certificados falsos para favorecer a criminales en Ecuador

La Fiscalía expuso que el método común en varios de los casos fue el uso de certificados médicos adulterados, gestionados por los procesados y aceptados por jueces aliados. Así se justificaban liberaciones por razones de salud, pese a que los beneficiarios eran delincuentes sentenciados por delitos graves como asesinato, narcotráfico, violación y tráfico de migrantes.

Uno de los casos más representativos fue el de una exjueza que favoreció a la pareja de un líder de Los Lobos, pese a que los informes presentados eran falsos.

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