Sin visto bueno. La consulta popular por iniciativa ciudadana encabezada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y grupos sociales no superó el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional para continuar con su trámite. La mayoría del pleno de la máxima institución del país en interpretación de la Constitución concluyó que el pedido de consulta "no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

A través de un comunicado, la Corte asegura en las reformas legales a través de consulta deben considerarse que los anexos se leerán como parte integral de la pregunta. "En consecuencia, un juicio de la Corte, las reformas legales a ser consultadas no pueden ser de una complejidad tal que derivan en falta de claridad o conviertan a la pregunta en compuesta, pues esto obstruiría la libertad del elector".

Además, la Corte determinó que a través de la iniciativa se pretendía someter a consulta "hasta doce reformas legales a través de una sola pregunta", lo que a su criterio "impide que el elector pueda manifestar su elección legal sobre cada una de las reformas de forma independiente".

La mayoría del pleno también precisa que, respecto de algunas preguntas, las reformas legales incluidas entre los anexos se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, "desbordando así su alcance, lo que afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad", entre otros reparos. 

Los jueces constitucionales Carmen Corral y Hernán Salgado emitieron votos salvados al considerar que de las 14 preguntas, cuatro devienen en improcedentes en la forma en que han sido propuestos y diez cuentan con procedibilidad para el pronunciamiento popular. Mientras que la jueza constitucional Teresa Nuques emitió dictamen favorable para trece de las catorce preguntas presentadas por cumplir con los requisitos formales. Y el juez el juez Enrique Herrería realizó el control constitucional a partir de una interpretación que busca hacer efectivo el derecho a la participación directa de diversos sectores de la sociedad.

Entre los temas planteados dentro de la consulta popular destacan aumentar la sentencia por violación agravada con muerte a menores de 14 años con 50 años de cárcel; obligar al Estado a adoptar políticas a favor de los pequeños productores de varios sectores; que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del IESS publiquen mensualmente el detalle del gasto institucional y demás so pena de sanciones; entre otros.