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Espinel se desempeñó como ministro de Inclusión Económica y Social.Archivo.

Jueza levanta orden de prisión preventiva contra Iván Espinel

El exministro, sin embargo, debe cumplir medidas cautelares como usar brazalete electrónico y no salir del país.

Por extrars

24 de julio, 2018

En abril pasado, el exministro Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, fue detenido por presunto lavado de activos, en Guayaquil, por orden de la jueza Paola Dávila. Sin embargo, este lunes 23 de julio de 2018 se revocó la prisión preventiva en su contra y en la del exfuncionario Walter Andrade —su asesor—, también vinculado a la investigación.

Dávila, de la Unidad Multicompetente de Samborondón, ordenó medidas cautelares como el uso de brazalete electrónico, prohibición de salida de Ecuador y la obligación de presentarse en su despacho cada lunes, miércoles y viernes.

El abogado de Espinel dio a conocer que saldrá en libertad en las próximas horas.

Con esto quedan revocadas las dos órdenes de prisión preventiva en contra del también ex candidato presidencial. Esta por lavado de activos y una anterior por peculado, también revocada el 9 de julio pasado.

La jueza quedó suspendida

Aunque para la defensa de Espinel, todo este proceso significó una victoria, para la jueza que revocó su segunda orden de prisión preventiva, no.

Paola de los Ángeles Dávila López, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón quedó suspendida.

Esta sanción fue confirmada por uno de los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, quien informó de la resolución este 24 de julio. Las medidas tomadas se explican en tres literales:

- Suspensión de 90 días sin pérdida de remuneración.

- Solicitud dirigida a la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura, le inicie el respectivo sumario disciplinario.

- Que la Fiscalía reciba una copia de la denuncia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) —por la cual se inició uno de los casos en contra de Espinel— y de la presente resolución, para que así se investigue la existencia de posibles delitos de acción pública.