La reciente fuga de dos reos hospitalizados por más de un mes en el Hospital Monte Sinaí ha puesto al descubierto una realidad alarmante que se conoce en los círculos internos, pero que nadie se atreve a denunciar por temor a represalias: los grupos narcocriminales han infiltrado la Salud Pública y la utilizan según sus propios términos y condiciones.

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Según un informante identificado como Carlos por razones de seguridad, hubo un acuerdo entre la gerencia del hospital y estas bandas, donde proporcionan "protección" a cambio de atención médica preferencial y la omisión de ciertos procedimientos, como el código plata en casos de heridas de bala. "Se les asigna una habitación privada con todos los servicios necesarios y se les permite acceso sin restricciones", revela Carlos a EXTRA.

Carlos, quien trabajó en otro hospital del sistema de salud pública, sugiere que lo ocurrido el 10 de mayo en el Hospital Monte Sinaí no es un incidente aislado. Este "acuerdo" no solo aplica a miembros de bandas con heridas de bala, sino también a reclusos que cumplen condena y son derivados para recibir tratamiento médico.

"Los reclusos llegaban con derivaciones aceptadas por el gerente o director asistencial para ingreso de emergencia. Aunque las razones eran válidas, como presión arterial alta o trauma, se prolongaba su estadía por órdenes superiores, alegando recaídas o infecciones", detalla Carlos, quien renunció por seguridad.

La tensión generada por estos grupos criminales se siente tanto dentro como fuera del hospital, con vehículos blindados y personal armado asegurando los alrededores para su protección. "Es desesperante saber que cuando llegaba un paciente así, afuera había carros polarizados con personal armado. Además, enfrentábamos problemas como la gravedad de los pacientes, falta de medicamentos y camas", añade Carlos.

Este Diario intentó obtener comentarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) sobre denuncias como estas, así como sobre el control de reclusos internados prolongadamente en hospitales y medidas de seguridad. Hasta el cierre de este reportaje, no se obtuvo respuesta.

Otro informante, actualmente empleado en un hospital de la red de salud pública, confirmó que varios reclusos están internados sin justificación médica válida por más de un mes, pero el silencio persiste por miedo.

Además de revelar la falta de justificación médica en las hospitalizaciones prolongadas, se destacó que horas antes de la fuga, el personal del hospital reportó de manera anónima actividades ilícitas de los reos, incluyendo ingreso de drogas, fiestas en las habitaciones y denuncias de agresión sexual a una trabajadora de limpieza.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud Pública ni el SNAI han respondido a estas acusaciones.

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