Madre e hija fueron detenidas luego de que un hombre, del cual no se conoce su identidad, falleciera tras recibir una paliza, en el Centro Histórico de Quito. El hecho sucedió la madrugada del miércoles 4 de septiembre.

Según se informó, ambas descansaban en su casa, en el sector 24 de Mayo. Eran las 02:10. La joven se levantó para ir al baño y vio, en los monitores del sistema de videovigilancia, que las cámaras de seguridad instaladas en su local grabaron a un intruso ingresar por una de las ventanas.

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Las dos salieron de casa en pijama y, junto a tres vecinos, corrieron al negocio ubicado a cuatro cuadras, en la calle Sucre, a pocos metros del Palacio de Carondelet. Atraparon al sujeto, lo sometieron y luego llamaron al ECU 911 (ver infografía).

Al no llegar los policías, las mujeres fueron al UPC del sector para alertar del hecho. Estos fueron al lugar y vieron a un hombre tendido en el suelo con una herida grande en la cabeza y sangre a su alrededor.

Luego revisaron las grabaciones de las cámaras del local y se percataron que madre e hija junto a tres personas habrían agredido con palos y un martillo al presunto delincuente.

Ellas fueron llevadas a la Unidad de Flagrancia para el procedimiento legal, pero la Fiscalía no formuló cargos, ambas quedaron libres y el caso quedó en investigación previa.

Sin embargo, quedaron pendientes algunas diligencias, como el análisis de los videos de las cámaras de seguridad, comprobar a quién pertenece la sangre que encontraron en las prendas de las mujeres y buscar testigos presenciales del hecho.

La abogada Nathalya Salazar explicó que si el resultado de estas pruebas demuestran que madre e hija tuvieron participación en la muerte del sujeto, ellas podrían alegar que su acción fue en legítima defensa.

Sin embargo, la jurista añadió que, para que se acoja una solicitud de este tipo, se debe cumplir con tres requisitos: que el implicado les haya agredido primero, que exista una necesidad para repeler dicha agresión y que se compruebe una falta de provocación de parte de las víctimas.

En este caso, según Salazar, como se habría sometido al presunto delincuente hasta causarle la muerte, no se podría justificar la legítima defensa si no se demuestra que el sujeto estaba en las mismas condiciones que las mujeres. “Una igualdad de ‘armas’”, precisó.

Aún así, las mujeres podrían alegar que solo querían darle un correctivo al supuesto ladrón sin pretender provocar su muerte.

La abogada puntualizó que en materia penal este delito se lo considera preterintencional, es decir, “al solo querer causar lesiones por una razón de reprimenda lo terminan matando”.

Si llegase a considerarse un asesinato preterintencional, según el Código Orgánico Penal, esto se castiga con dos tercios de la pena impuesta para este tipo penal, es decir, de 6 a 8 años.

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