Cuando Jhon Campuzano Triviño, excontador de Ecuagran, fue sacado de su casa por una escolta de policías a las 5:00 de la madrugada del 31 de agosto de 2021, no fue para “recibir en su contra prisión preventiva, sino una sentencia de muerte”. 

Así lo denuncian hoy Jomaira y Jhon Jairo, de 27 y 22 años, hijos de Campuzano, a quien le tocó estar en el listado de las 62 personas que fueron asesinadas, en la última masacre registrada en la Penitenciaría del Litoral, el pasado sábado 13 de noviembre. Este 16 de noviembre de 2021, un día después de haber sepultado a su padre, ambos decían aún estar en shock, en el intento de empezar a asimilar lo sucedido. No solo aceptar su muerte les pesa, sino saber que su detención fue injusta y que, por “la falta de diligencia judicial”, no pudo demostrar su inocencia. 

Campuzano fue detenido, junto a otras 8 personas, por el presunto delito de “falsedad de información” en el sistema bursátil, luego de la denuncia que la Superintendencia de Compañías interpusiera en contra de Ecuagran y Delcorp, por las irregularidades cometidas en la colocación de facturas comerciales y obligaciones que terminaron impagas y perjudicando a varios inversores, entre ellas el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

“Cuando esa madrugada un grupo de 15 de personas (entre policías y personal de Fiscalía) se llevó a mi padre, dijeron que la orden de allanamiento fue impuesta con fines investigativos para recabar elementos y que la detención era para que él pudiera rendir su versión, pero si uno revisa el proceso, no se hizo nada... ¿Qué encontró el fiscal Víctor Hugo González para vincularlo a la causa?”, denuncia Jhon Jairo Campuzano, quien cita además otras incongruencias en el proceso. “Para motivar su boleta de detención citaron el informe 287 de la Superintendencia de Compañías, que decía que en los registros contables (de Ecuagran) existían irregularidades y que había una supuesta falsedad de información. Pero ya revisando ese informe en ningún lado se habla de eso, sino de defraudación bursátil... Además, el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, quien hace la denuncia, explica que la falsedad de información no está en la contabilidad de Ecuagran, no radica ahí, sino en el uso y destino que se le dio a los fondos”.

Este Diario buscó ayer la versión del fiscal Víctor González, en este caso, pero desde Fiscalía se informó de su “indisponibilidad” para atender este pedido. Igual intento fallido se tuvo con el juez Johan Marfetán, a quien Jhon Jairo, Jomaira y Mildred Campuzano, hermana del fallecido, acusan de falta de diligencia.

El excontador de Ecuagran llegó a sumar más de 70 días en prisión, a la espera de una audiencia que le permitiera apelar a la prisión preventiva. Les dieron tres fechas: el 30 de septiembre, el 12 de octubre, el 21 de octubre, pero nunca se instauró la ansiada audiencia. En la segunda ocasión, denuncia la hermana de Campuzano, "porque el juez Marfetán se había ido de vacaciones y, en la última, se excusó diciendo que no llevaría él la causa porque Enrique Weisson, exgerente de Ecuagran, es familiar de su esposa". 

Jomaira, más callada y pensativa, se anima a hablar de la presa fácil que fue su padre en este caso, a quien no deja de recordar como la persona “más honesta y justa”, como el hombre apasionado por el fútbol o al profesional “brillante” que, antes de entrar a Ecuagran, sembró una trayectoria fructífera como contador de varias firmas multinacionales. “Como querían un culpable, se fueron contra mi papá... pero fueron Weisson de Ecuagran; Enrique Huerta, exgerente de Delcrop y Gad Goldstein Valdez, principal accionista de ambas firmas, los que robaron y se fueron del país dejando a las empresas afectadas”.

Jhon Jairo coincide. Habla de la pantomima que estarían haciendo las autoridades de justicia y control para decir que se está actuando. “Hay demasiada presión mediática en el caso Isspol, pero se están yendo en contra de los inocentes... Eso ya lo advirtió el actual liquidador de Ecuagran (José Ibáñez) en una entrevista que EXTRA le hizo: él decía que no había que irse en contra de simples trabajadores que cumplían órdenes, sino que hay que ir atrás de los peces gordos y eso seguimos esperando”, dijo.

Él y su hermana aseguran que irán hasta las últimas consecuencias para demostrar la inocencia de su progenitor. No descartan en demandar al Estado, no solo por no garantizarle una legítima defensa y el derecho a la vida, sino por el trato inhumano que recibió en la cárcel. Campuzano, recuerda su hija, fue asesinado vistiendo el mismo calentador y camisa negra con el que lo apresaron hace casi 3 meses. Aunque sus familiares quisieron asistirlo con ropa y comida no se les permitió.