En las batallas campales que se registraron en los 18 días de paro nacional, y en las que hubo seis muertos, se identificaron grupos que no tenían mucho que ver con las manifestaciones, pero se escabulleron y cometieron delitos.

El ministro de Defensa, Luis Lara, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional para hablar sobre las actuaciones policiales y militares en las movilizaciones, dijo –preocupado– que detrás de estas había “grupos armados, crimen organizado, bandas delincuenciales y la mano del narcotráfico”.

Recalcó que la violencia extrema proviene de dichas estructuras: “Los intentos de tomarse la Asamblea, los ataques a la Fiscalía y Contraloría, la búsqueda de paralizar y boicotear servicios públicos y los ataques a instalaciones petroleras y eléctricas no fueron aisladas”.

Ante esto, el analista político Santiago Basabe aseguró que se tratarían de ‘guerrillas urbanas’. A su criterio, son redes organizadas con capacidad logística, formación militar y recursos de distinta naturaleza.

Dijo que estas bandas están activas en el país desde hace muchos años y cuando salen a luz lo hacen camuflándose en las protestas sociales.

En este caso lo habrían hecho en las demandas del movimiento indígena que provocaron manifestaciones violentas con un saldo de 238 policías y 331 manifestantes heridos, según fuentes oficiales y organismos de Derechos Humanos.

‘Fichas’ escondidas

Según las autoridades, la participación de estos grupos criminales estuvo marcada, sobre todo, en dos hechos particulares, ambos sucedieron el 23 de junio.

El primero fue durante el enfrentamiento entre la fuerza pública y protestantes en el parque El Arbolito, centro-norte de la ciudad, en donde falleció Henry Quezada, un activista social y exestudiante del Colegio Mejía. El segundo ocurrió en la noche en San Antonio de Pichincha, al norte. Allí falleció Franco Íñiguez.

Según la autopsia, las dos víctimas murieron a causa del impacto de proyectiles de arma de fuego.

La Policía y el Ejército indicaron que durante las protestas nunca usaron armas de fuego ni munición letales y que las acusaciones sobre las lesiones de perdigones no corresponden al accionar de sus uniformados.

El día en el que murió Quezada, Patricio Carrillo, ministro del Interior, denunció sobre la presencia de manifestantes violentos en la avenida Gran Colombia que utilizaban armas de fuego como carabinas para atacar a los agentes.

“Son delincuentes armados que pretenden sobrepasar la barrera policial”, añadió.

Sobre el caso de San Antonio, Carrillo mencionó que tienen identificada a una banda organizada que se dedica a cometer delitos en la zona. El canciller Juan Carlos Holguín manifestó en una entrevista que esta organización se denomina la banda de los Pikachu.

Tienen poder

Basabe señaló que las guerrillas urbanas están ganando terreno porque tienen recursos económicos provenientes de la guerrilla y del narcotráfico radicados en la frontera. 

Además, indicó que cuando las necesidades lo requieren, estos grupos reclutan ‘personal’ que se dedica a la delincuencia común y a miembros de estructuras más violentas y organizadas como las mafias, una de ellas controla las canteras de la Mitad del Mundo.

El experto indicó que la Policía y el Ejército conocen de la presencia de estas guerrillas urbanas y que operan con directrices nacionales e internacionales. 

Añadió que el Gobierno deberá encargarse de desarticular a estos grupos armados que se han afianzado en la capital y que, según Basabe, tienen sus centrales de mando en, al menos, cuatro o cinco puntos específicos.

Fausto Salinas, comandante de la Policía, señaló que estos grupos tienen acciones planificadas para causar desorden y anarquía. Ante esto, el oficial dijo que se investiga a quiénes están detrás de su financiamiento.