En cuanto las camionetas con funcionarios municipales empiezan a adentrarse en la parroquia de Píntag, del suroriente de Quito, las volquetas que salen de las canteras aceleran. Esta vez, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) debe clausurar seis mineras ilegales que estarían contaminando las zonas cercanas a la Reserva Ecológica Antisana.

La capital se ‘paró’ fuerte ante estas actividades en una consulta popular, en la que se aprobó con el 68 % la prohibición de la minería en el Chocó Andino (en el noroccidente de la urbe). Pero ni la lucha ha terminado ni es la única zona que enfrenta esta problemática.

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El verde característico de esta parroquia se va perdiendo de poco, aún más en las cercanías de las canteras de donde se saca el material pétreo, es decir, piedras de diferentes tamaños para la construcción. En una de las mineras pareciera que un ‘fantasma’ estuvo operando las maquinarias. “Se fueron hace un rato”, dijo uno de los habitantes de la zona. Aparentemente, vieron el contingente de seguridad que se acercaba y dejaron el predio.

Daniela Jerves, directora de instrucción de la AMC, explica que en algunas mineras “ya se habían colocado sellos de clausura (...), pero fueron retirados, por lo que se procedió a su reposición inmediata”.

En las competencias de la entidad, está la revisión de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). Para que una empresa minera la obtenga, debe cumplir con algunos requisitos de funcionamiento, seguridad y ambiente. “Aquí, lo que se ha identificado es la presunta contaminación de aguas de consumo humano en las parroquias de Píntag, La Merced y Guangopolo”, precisa Jerves.

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A pesar de que ya fueron notificadas, algunas de estas seis mineras siguen sacando material de las montañas. Aunque se colocan los sellos en las garitas, físicamente nada impide que las maquinarias sigan operando o que las volquetas entren y salgan.

En la parroquia San Antonio de Pichincha, en el noroccidente, la explotación de pétreos es evidente. Es un secreto a voces, entre los pobladores, que existen empresas que se llevan las ‘entrañas’ de la montaña de forma ilegal. “En Tanlahua hay algunas, también hay otras cerca del antiguo peaje de Rumicucho”, dice un habitante, pidiendo no ser identificado.

Allí no hay mucho paisaje verde, el suelo es más arenoso y menos apto para las plantaciones. Quizá por eso los moradores ya se han acostumbrado a vivir en medio de la nube de polvo que se forma en toda la zona. “También hay legales, pero causan el mismo efecto”, dice el morador.

En barrios como Catequilla, que queda al pie del monte que lleva el mismo nombre, ya no funcionan dos mineras que también sacaban material. Las puertas están selladas, las garitas de vigilancia aparentemente abandonadas. Queda en el aire el rumor, entre los que viven cerca, que en las madrugadas se han visto volquetas salir de allí, aunque ya ha pasado tiempo.

Para el funcionamiento de uno de estos negocios se necesita el aval del Gobierno central, a través del Ministerio del Ambiente y del Municipio de Quito, que emite la LUAE. “A veces pasa que el ministerio da la concesión, pero como no cumple algunos requisitos, el Municipio no permite el funcionamiento”, puntualiza Jerves.

Rosa Fonseca, directora de Minería de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, señala que la entidad solo se ocupa de la minería de pétreos, y que además no se encarga de sancionar el mal funcionamiento de alguna empresa. “Sí hemos tenido denuncias de minería ilegal que las trasladamos a las entidades competentes”, comenta.

Sin embargo, insiste en que no se pueden revelar ni la cantidad, ni los sectores en los que se ha denunciado explotación ilegal, “por seguridad”. EXTRA halló un documento de 2017, al parecer el único público, en el que se detalla que existen 67 “presuntos puntos de minería ilegal”, solo en la parroquia San Antonio de Pichincha. De esos, 17 constan como pasivos, es decir, que ya dejaron de funcionar.

En ese mismo informe, se determina que en la parroquia Pomasqui se verificó que en los sectores El Corazón, Santa Rosa y en el margen izquierdo de la vía Manuel Córdova Galarza-Mitad del Mundo, había varios trabajos de extracción ilegales.

Para Ivonne Ramos, responsable de minería de la organización Acción Ecológica, uno de los colectivos que logró llevar a consulta popular la explotación minera en el Chocó Andino, la falta de cifras dificulta el abordaje de esta problemática. “En el Chocó identificamos tres empresas que hasta ahora pretenden explotar”, asevera.

Esto incluso después de la prohibición explícita de la consulta popular. “En esos casos pusimos una denuncia penal ante la Fiscalía, para que se cierren. Hubo gente que fue con maquinaria para hacer minería aluvial (en el río)”, agrega. Entre los ríos afectados están el Pacto, Pachijal y Chirape. En esa zona se intentó explotar oro, plata y bronce. La mayoría de concesiones que ya existían en la zona, quedaron en la fase de exploración.

Aunque no se ha evidenciado que la explotación de metales en esta zona se conecte con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), para Ramos sí existe la posibilidad de que lo explotado en el Chocó fuera a parar a cantones como Camilo Ponce Enríquez, donde incluso se registró la muerte de varios mineros a manos de miembros de Los Lobos.

“En el Chocó lo que sí hubo fue hostigamiento a los habitantes que se opusieron a la explotación. Pusieron a gente que se enfrentara con ellos”, relata. En Píntag, según la capitán Daniela Guerrero, del Distrito Los Chillos, el trabajo que ha realizado la policía ha sido de acompañamiento a los funcionarios municipales. “No hemos tenido reportes que tengan que ver con delitos y la minería en este sector”.

En sectores como San Antonio de Pichincha, esta actividad ha representado la generación de empleos en diversas áreas. Lo mismo pasa en Píntag. 

Segundo Guamán, un habitante de esta parroquia, relata que los lugareños no han visto problemas con la explotación pétrea, pues ha significado ingresos para la zona. “Los jóvenes trabajan en las minas y a veces es a lo único a lo que se pueden dedicar”, indica. También comenta que no han evidenciado contaminación en el agua o el suelo por esta actividad. “Quizá no nos demos cuenta, esas mediciones hacen las autoridades”, argumenta.

En este sentido, Ivonne Ramos explica que el logro que se obtuvo en el Chocó Andino tuvo mucho que ver con la diversidad económica que se ha desarrollado allí. “Es una zona muy próspera, por lo que no ha habido la necesidad de depender de la explotación minera”, agrega. Los pobladores han buscado abrirse paso al desarrollo sostenible, con actividades agrícolas, ganaderas, turismo y comercio.

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