Han transcurrido más de nueve meses desde que Ayme Janeth Solórzano Montecé fue asesinada con cinco disparos, uno de ellos en el rostro, por sicarios en moto en el suroeste de Guayaquil. Su familia aún no encuentra consuelo. Los responsables de su muerte, tanto el autor intelectual como el individuo que conducía el vehículo y el que disparó, siguen en libertad.

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Ayme, de 29 años, fue víctima del primer caso de femicidio en Ecuador en 2024. Lo que hace particular este crimen, ocurrido el 3 de enero mientras ella se encontraba en el exterior del domicilio que alquilaba, es que el hecho violento intentó ‘maquillarse’ como un caso de delincuencia común por la forma en que fue ejecutado, aunque en realidad es un femicidio.

Sus seres queridos sostienen que el autor intelectual del asesinato es Steveen Martínez, su expareja sentimental y padre de sus hijos. A pesar de las evidencias y las sospechas, los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia han sido infructuosos. La familia de Ayme sigue esperando que el caso se aclare y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

El día del crimen, Ayme salió de su casa tras recibir un mensaje de Martínez, de quien estaba separada desde hacía dos meses. Según sus familiares, él le habría pedido que saliera a recoger dinero para los niños. Fue en ese momento cuando aparecieron dos hombres en una motocicleta, y uno de ellos le disparó.

“Mi hermana intentó correr, pero no pudo escapar. Él la había amenazado de muerte, pero nunca pensamos que cumpliría su amenaza. Incluso había puesto una boleta de auxilio. Ese hombre era muy celoso. La maltrataba con palabras obscenas, la agredía físicamente y también la dañaba psicológicamente. No hay detenidos hasta ahora”, relata con tristeza la hermana de la víctima.

El 14 de junio, Martínez, el principal sospechoso, se fue a Chile, a pesar de estar siendo investigado. Sin embargo, al no tener una boleta de captura, salió del país sin dificultades. “Él intentó encubrir el femicidio. Nosotros fuimos quienes pusimos la denuncia. El caso está siendo investigado, pero ahora está estancado. Solo pido justicia para ella”, suplica la hermana.

Ayme no es la única mujer cuyo asesinato ha sido disfrazado como un caso de delincuencia común. En otros hechos similares, las parejas sentimentales no han manchado sus manos de sangre directamente, sino que han contratado a sicarios para ejecutar el crimen.

En 2019, Valeria Vargas fue asesinada en un hecho que inicialmente parecía un secuestro. En otro caso, tres años después, en 2022, en Ibarra, un hombre ordenó la muerte de su expareja y de su hija de solo 9 meses. En 2023, en Quito, la comerciante Paola Ortega fue asesinada en circunstancias que simulaban un robo (ver la infografía).

Geraldine Guerra Garcés, presidenta de Aldea (una organización dedicada a la protección de mujeres y familias), y Soledad Angus, abogada del Centro de Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil), coinciden en que los femicidios han adoptado nuevas formas, como el uso de sicarios para llevar a cabo los asesinatos.

“Los femicidios cometidos mediante sicariatos están sirviendo como cortina de humo. El sistema de justicia no los está identificando como tales; los clasifica como simples sicariatos y los deja acumulados en los archivos, lo que produce cifras oficiales falsas. Afirman que los femicidios han disminuido, pero en realidad están siendo camuflados bajo otros tipos penales. El Estado no está cumpliendo con su responsabilidad de investigar adecuadamente desde el inicio”, explica Guerra.

Casos como el de Valeria Vargas, asesinada por orden de su pareja, o el de Paola Ortega en Quito, que en un principio se creyó que era un robo, solo fueron esclarecidos mediante las cámaras de seguridad y la persistencia de las familias, indica Guerra. Sin esas pruebas, esos crímenes habrían quedado en el olvido.

“Lo mismo ocurrió en enero en el suburbio de Guayaquil. Las investigaciones apuntan a que la muerte de Ayme Solórzano fue un femicidio, pero al abordarse bajo otro tipo penal se dio tiempo al autor intelectual para huir”, precisa.

Por su parte, Angus señala que, históricamente, todas las muertes violentas de mujeres se contabilizaban en una sola categoría estadística, lo que invisibilizaba las situaciones específicas de violencia de género. Subrayaque la expansión del crimen organizado ha exacerbado otras formas de violencia.

Explica que el femicidio se tipificó en el 2014 en el Código Orgánico Intregral Penal precisamente para distinguir la muerte causada por razones de poder y control relacionadas con el género, y que cuando existe esta relación se configura el femicidio, siendo necesario diferenciarlo de otras muertes violentas como el homicidio, el asesinato o el sicariato, que son tipos penales que, por hechos y circunstancias, varían.

“Es crucial entender que, a medida que el crimen organizado crece, se vuelve más difícil identificar los femicidios cometidos por razones de género. Los agresores intentan disfrazar estas muertes, lo que complica obtener cifras precisas. Cuanto más tiempo pasa, más se pierden las pruebas, facilitando la impunidad del autor intelectual del crimen”, concluye Angus.

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