Luis recorrió la escena en la que fue encontrado el cuerpo de su hermana María. Junto a su ñaño Pedro buscaban pistas sobre el responsable del crimen, ocurrido la semana pasada en La Comuna, noroccidente de Quito.

El hombre participó en el rastreo de los videos de seguridad del sector. Se entrevistó con la Policía y hasta oró por María durante el funeral. Horas más tarde, fue detenido en la vivienda familiar, ubicada en San José de Minas, al norte de la capital. Allá, se realizaba el velorio de la enfermera, de 37 años.

Luis fue identificado por Pedro en uno de los videos recabados por los agentes. “Lleva el cuerpo de María en los brazos. Al principio, tenía dudas. Él usaba una mascarilla, pero por el caminado, era él”, dice el ñaño del implicado.

La situación lo atormenta. No entiende qué pudo motivar a Luis para, supuestamente, atentar contra su hermana. “Era tan buena. Hasta le dio posada cuando él llegó a la ciudad hace 5 años”, describe el ser querido.

Pero él no es el único procesado por un crimen familiar en contra de una mujer. Según Aldea (Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo), María es una de las 15 fallecidas a manos de un pariente (padre, padrastro, tío abuelo) que no es su pareja en Ecuador, durante 2022.

Fiscalía lleva la causa como asesinato. Sin embargo, Mayra Tirira, coordinadora de acciones legales de Surkuna, enfatiza que este es un error común.

Desde noviembre de 2021 existe un protocolo nacional para investigar muertes violentas de mujeres. El manual determina que todo crimen con una víctima femenina se debe tratar como femicidio.

En el transcurso de la indagación se confirmará o descartará la hipótesis, aclara Tirira.

Pero este documento solo queda en papel. Esto pese a que en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal no se señala que solo será considerado femicidio cuando existe un vínculo de pareja. “La Fiscalía y la Policía solo toman en cuenta el femicidio íntimo, pero la ley habla de cualquier relación de poder por temas de género”.

En los delitos familiares, la situación es más compleja porque el núcleo se ve “partido” por la muerte de uno de sus miembros y la detención del otro.

La causa justa

Pedro no interpondrá una acusación particular. Sabe que su ñaño “deberá pagar por lo que hizo”, pero confía en la justicia y en Dios para que se le determine la pena más adecuada.

“Ha sido muy duro, sobre todo para mi mamá”, confiesa. Eran 9 hermanos. María llegó a la capital cuando tenía 13 años. Era muy querida en su trabajo. También era la adoración de sus hijas de 4 y 16 años.

Pese a que el hermano de María no quiere meterse en el tema legal, Tirira recomienda pedir un cambió en la figura penal para que se investigue la muerte de la mujer como femicidio. Con esto, la causa iría a una Fiscalía especializada en temas de género y sus hijas serían beneficiarias de un bono por orfandad.

Las marcas

María recibió 18 puñaladas. También tenía huellas de haber sido ahorcada. Según Tirira, estas son lesiones comunes en los femicidios. La saña y el odio son agravantes, indica.

Subregistro

Existen casos que no son contabilizados

Geraldine Guerra, de Aldea, insiste en que el Estado ha invisibilizado la muerte de las mujeres y pese a que desde hace 5 años existe un protocolo en Latinoamérica (con el que Ecuador tenía un compromiso hasta tener su propio manual) para el manejo de estos casos, no se cumple. Para la experta en temas de género, se debería “ampliar la mirada” para que se entienda como femicidio cualquier muerte de una mujer en la que exista una relación de poder -de cualquier tipo- con su victimario.

Guerra también hace énfasis en que la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, como parte de la sociedad civil, ha hecho lo que está a su alcance para mantener estadísticas respecto a la situación real. Sin embargo, existe un subregistro, de al menos, un 50 %. Esto significa que no todos los crímenes de género han sido contabilizados de forma oficial.