Mayra parrales, Patricia Bermúdez y Katty Muñoz no se conocen, pero comparten una misma tragedia: en 2020 a sus “princesas” les arrebataron la vida. Los presuntos responsables eran sus parejas.

Pero la aflicción por el asesinato de sus hijas no es lo único que tienen en común, a estas tres madres guayaquileñas también las une su bandera de lucha contra la impunidad, para que los sospechosos no solo sean capturados, sino que reciban la máxima pena que impone la justicia en nuestro país.

Dos de los presuntos femicidas, Luis Hermida Núñez y Elías Vargas Peralta, aún no han sido detenidos. Mientras que el otro sospechoso, Érick Ortega Narváez, todavía no ha recibido sentencia.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia el 10 de agosto de 2014, tipificó el femicidio en el artículo 141 y establece una pena privativa de libertad de 22 a 23 años, pero con los agravantes la condena podría ser de hasta 34 años con 8 meses de cárcel. Sin embargo, para los familiares de las víctimas de femicidio el camino resulta ser largo y frustrante para llegar a la justicia.

¿Cómo funciona nuestro sistema judicial en este delito y cuántas audiencias se realizan, para que se emita una sentencia? El exjuez y docente universitario Carlos Morales Anchundia explica que el proceso penal implica una serie de pasos, requisitos, elementos y condiciones para que se logre la tan anhelada justicia y que existen dos tipos de boleta: una es para investigación y la otra es la de prisión preventiva, ambas son solicitadas por el fiscal que lleva la causa y emitidas por un juez.

Para delitos como femicidio no se necesita denuncia previa y la persona que inicia la investigación, el dueño de la acción penal, que es de carácter público, es el fiscal.

“Él (fiscal) necesita rodearse de elementos de convicción para determinar que ha existido una infracción de tipo penal y que la persona que se está investigando es la responsable de esta infracción”, cita.

Un proceso judicial comienza con la audiencia de formulación cargos, en la que se puede dictar prisión preventiva para la persona sospechosa, luego transcurren hasta 90 días para dar el segundo paso, que es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, con este paso el fiscal da su dictamen, que podría ser acusatorio, y anuncia las pruebas.

El tercer paso es el llamamiento a juicio, donde un Tribunal de Garantías Penales y la coordinación de audiencias ponen fecha para esta última diligencia.

“Tratándose de femicidios que es un delito particular, sí se podría tener un procedimiento especial y darse algún tipo de reforma, porque muchas veces se revictimiza, a pesar de que se actúe con la ley vigente de acuerdo a nuestro Código Penal, pero toda ley puede ser modificada para beneficio de la ciudadanía”, aclara el exfuncionario judicial.

Sin embargo, Geraldine Guerra, vocera de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, Aldea, sostiene que la forma como funciona el sistema de justicia y de protección a la mujer en nuestro país no es la correcta, ni la más acertada.

“Los fiscales y jueces leen la ley al pie de la letra, no hacen ningún análisis para saber si la mujer ya era víctima de violencia. No solo es el hecho de saber que su hija fue asesinada, sino cómo sobrevivir al calvario que es el proceso de justicia. Hay una impunidad increíble”, manifiesta la activista.

Otro problema que destaca Guerra es la falta de prioridad y poca importancia que se da a los casos de femicidio. “Aquellos casos que consiguen sentencia son aquellos en los que la familia no se ha rendido y han estado ahí, luchando para que no quede en la impunidad. Se debería reformar la justicia y evitar tanto sufrimiento”, agrega.

La Alianza para el Mapeo de Femicidos en Ecuador revela que en 2020, 118 mujeres fueron asesinadas presuntamente por sus parejas. El informe indica que cada 72 horas una mujer es víctima de la violencia machista.

“Lenta y permisiva”

Mayra, Patricia y Katty coinciden con Guerra. Las madres aseguran que el proceso judicial es pesado y que genera una interminable pesadilla en busca de justicia. “La justicia es lenta y permisiva. A veces ciega”, indica Katty, madre de Lisbeth Baquerizo, la joven asesinada el 21 de diciembre pasado presuntamente por su conviviente, Luis Hermida Núñez, quien salió del país unas horas antes de habérsele emitido una boleta de detención.

En este caso también son investigados los padres de Luis, un hermano y un empleado de una funeraria. A ellos se les emitió boleta de captura, el pasado 6 enero, 16 días después del asesinato de Baquerizo. “La poca agilidad de la justicia permitió que una familia entera huya, esperaron tanto, para emitirle una boleta de detención”, lamenta la madre de Lisbeth.

340 días sin justicia

Seis días después de cumplirse un año del asesinato de Noelia Selena Vargas Parrales (18), su conviviente y presunto responsable de su asesinato, aún no ha sido capturado.

La joven recibió un disparo en la boca y otro en espalda. Noelia y el presunto femicida, Elías Vargas Peralta, de 22 años, tenían seis meses de relación sentimental.

El crimen ocurrió en el bloque 17 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Sus padres, Pablo Vargas y Mayra Parrales, esperaron siete meses para que se emita una orden judicial y capturar al sospechoso.

“Recién, el pasado 20 de agosto la jueza Nancy Beltrán, de la Unidad Judicial Norte de Violencia Contra la Mujer, emitió una orden de captura en contra del asesino de mi hija. Pasaron siete meses, mientras tanto este hombre se paseaba por las calles como si nada. Mi hija estaba embarazada”, refiere Mayra.

Audiencia tras audiencia

Treinta días después del asesinato de Noelia, el 24 de febrero, ocurre un hecho similar. Adriana Camacho Bermúdez, de 36 años, y su pequeño hijo, Santiago, de 5, fueron envenenados y estrangulados en su domicilio en el sur de la ciudad. Un día después, el sospechoso del doble crimen, Érick Ortega, fue detenido en la provincia de Santa Elena, pero a pesar de haber transcurrido 11 meses, aún  no ha recibido sentencia.

“Es tortuoso y revictimizante. Debemos estar siempre pendientes del juicio. Las audiencias de juzgamientos son muy cortas, deben ser más continuas, porque es agobiante para nosotros los familiares. La justicia debe ser célere”, manifiesta Patricia.

Las tres mujeres fueron asesinadas de formas distintas; sin embargo, los agresores hicieron uso de la fuerza y la confianza que las jóvenes habrían depositado en ellos para acabar con sus vidas.