Huele a incienso. El humo cubre las lonas en las que están plasmadas las fotografías de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Y una mujer, vestida de blanco, reza un Padrenuestro...

Las velas alumbran una parte de la Plaza Grande -al pie del Palacio de Carondelet-, en el centro de Quito. 40 personas están congregadas allí con un mismo propósito: recordar a los tres trabajadores de El Comercio, quienes fueron asesinados hace cuatro años.

El 26 de marzo de 2018, Paúl, Javier y Efraín fueron secuestrados en la parroquia de Mataje, cantón San Lorenzo, mientras hacían reportería sobre la seguridad en la zona fronteriza con Colombia.

Días después, el 13 de abril, el gobierno de Lenín Moreno confirmó que habían sido baleados, autoría del frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho.

En la zona fueron asesinadas en total 10 personas: cinco militares, el equipo de El Comercio y la pareja conformada por Óscar Villacís y Katty Velasco. Hubo además diez atentados con explosivos en la zona.

El jueves pasado, los familiares y amigos de Javier, Paúl y Efraín, han vuelto a gritar “¡Nos faltan tres!”. Y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) ha declarado el 8 de abril como el Día de Luto en el Periodismo Ecuatoriano en honor a este equipo.

No hay olvido

Galo Ortega, padre de Javier, cuenta que se ha volcado al deporte para lidiar con la ausencia de su hijo. También ha hecho del cementerio un compañero. “Voy casi siempre a hablar con él, es como si estuviera conmigo”, comenta.

Su tiempo destina a las reuniones de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). “Qué otra manera de honrar a mi hijo que ayudando a los que no han conseguido hallar a los suyos”, relata.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dice que apenas ha logrado “levantar cabeza”, pues han sido años en los que “incluso me han negado un puesto de trabajo”. Según el familiar, ninguna institución pública o privada se atrevía a vincularse con alguien que “siempre le está pidiendo explicaciones al gobierno”.

Además, una de sus exigencias es la desclasificación de los archivos del caso. Señala Rivas que aún esperan el fallo de la Corte Constitucional a la que acudieron en julio de 2021 con una acción de inconstitucionalidad. “Han pasado meses y no avanza el tema. Ni siquiera han avocado conocimiento”, lamenta.