Inocencia ultrajada

El pasado 23 de junio, Sulivan García Duque recibió la visita de un amigo, mientras mezclaba voces de tecnocumbieras milagreñas con ritmos urbanos. El pana, que también se dedica a la música, le ofreció una pantalla de 52 pulgadas como pago porque le debía trescientos dólares.

Sulivan, productor musical, receló. “Me dijo que su suegra se lo había regalado. Pero como necesitaba el dinero para comprar un chip, le respondí que no”, relata a EXTRA este colombiano de 24 años.

El tipo le pidió un favor: que guardara el aparato mientras él buscaba un taxi. Cuatro horas después, Sulivan fue detenido por receptar un objeto sustraído; el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal fija una pena privativa de libertad por este delito de tres a cinco años y una multa de cinco a diez salarios básicos unificados.

En la audiencia, realizada en la Unidad Judicial Penal de Milagro, el juez le dictó prisión preventiva en calidad de “coautor” del robo, según el expediente.

El cuerpo consular fue su primera residencia en el Centro de Rehabilitación Social Guayaquil Número 1. Otros privados de libertad, subraya, presuntamente le obligaron a quitarse gran parte de la ropa y a caminar por la sala en bóxer. Sulivan no se atrevía a salir de su celda. Pasaba las horas tumbado, mirando el techo de la estancia, en el pabellón nueve, adonde lo trasladaron después.

Veinte días más tarde, acudió a una nueva audiencia. La Unidad Penal del Cantón Milagro lo declaró inocente y el fiscal se abstuvo de acusarlo por falta de pruebas. El joven recuperó así su libertad.

EL ANÁLISIS

Luis Ávila, director de litigios estratégicos en la Defensoría Pública, revela a este Diario un dato hasta ahora desconocido. Según las últimas cifras que maneja la institución, “el 40 %” de los casos en los que se dictó prisión preventiva fue sobreseído posteriormente porque se demostró la inocencia de los sospechosos. El dato, asevera Dávila, aparecía reflejado en un “informe de rendición de cuentas” del Consejo de la Judicatura: “(El documento) demostraba que había un abuso de la prisión preventiva”.

“EVIDENTEMENTE, SE APLICA DE MANERA EXCESIVA”

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, secunda el análisis de Ávila: “Evidentemente, ha habido un abuso de la prisión preventiva, se aplica de manera excesiva. Además, se convirtió en un momento en una política de Estado. En la consulta de 2011, una de las cosas que se hizo fue eliminar su carácter excepcional”.

A LA ESPERA

El pasado 5 de septiembre, EXTRA pidió una entrevista al Consejo de la Judicatura para contrastar la información de la Defensoría Pública y los entrevistados. Al cierre de esta edición, la institución no había atendido dicha solicitud.

Lea la historia completa, así como los testimonios de otros afectados y la entrevista a García, en la edición impresa de EXTRA.

Si usted ingresó en prisión preventiva, después fue declarado inocente, interpuso una demanda contra el Estado y posee la documentación del caso, escriba a morenog@granasa.com.ec