El anuncio de expulsar a los extranjeros que no cuenten con su pasado judicial o que no justifiquen el motivo de su permanencia en la localidad, de parte de la Junta del Campesinado en Pelileo, provincia de Tungurahua, ha surtido efecto en algunos foráneos, porque han empezado a abandonar el sitio por su propia cuenta.

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Quienes se quedan son personas que tienen trabajo en diferentes actividades, como Orlando Aguilar, un venezolano que se asentó en esta ciudad hace cuatro años. Él cuida carros en la calle José Mejía, cerca del mercado República de Argentina, y afirma que nunca ha experimentado discriminación. Por el contrario, destaca la amabilidad mostrada por los habitantes.

Incluso lleva el chaleco municipal que lo avala como cuidador de carros. Orlando dice que no se siente afectado por la medida que ha adoptado la Junta del Campesinado desde el 15 de noviembre de 2023. “Si no se hace el mal a nadie, no se tiene por qué huir (...). Sí deberían hacer los controles que deban hacer, porque hasta nosotros mismos que somos extranjeros nos sentiríamos más seguros”, reflexiona.

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Solange Torres también es venezolana, oriunda del estado de Bolívar. Tiene 23 años y tras pasar por Guayaquil en un principio, hace dos años decidió radicarse en Pelileo con unos amigos. La joven dice que “si uno va a otro país a causar malestar, pues la gente se va a molestar. Hay que ir y trabajar. A eso vine, pero sí es lamentable que por uno nos puedan afectar a todos”. Ella también está de acuerdo con que se apliquen las reglas que sean necesarias en la ciudad, pero sin afectar a quienes trabajan honradamente.

Arriendos

La Junta del Campesinado propuso también controlar a los dueños de viviendas, para que no alquilen sin antes haber revisado el pasado judicial de los extranjeros. Paulina Maya, quien tiene una casa rentera, asevera que ahora solo arrienda a estudiantes y a personas recomendadas. Antes de entregar el departamento a un nuevo inquilino, primero revisa los documentos y firma un contrato.

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Carlos Llerena, jefe político de Pelileo, recuerda que existe una ordenanza sobre las medidas que deben cumplir los dueños de las casas de alquiler, pero recomienda que sea revisada y actualizada, para que el personal de Catastro y Migración tenga claro el número de personas extranjeras que arriendan. Esta misma situación ocurre en Saquisilí, Cotopaxi, donde los dueños de domicilios no exigen pasado judicial ni notifican a las autoridades si se trata de un foráneo.

Xenofobia

El vicario de Latacunga, Luis Arias, sugiere que toda resolución sea bien analizada, para evitar caer en la xenofobia y no atentar contra los derechos de la libre movilidad. Con él coincide Karen Peláez, experta en relaciones internacionales, quien explica que las autoridades deben estar vigilantes ante este tipo de acciones, y que se tiene que tomar en cuenta que si alguien comete un delito, debe ser individualizado como establece el marco legal y evitar que se generalice la situación en contra de todo un grupo social, en este caso los migrantes.

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Por temas relacionados a los derechos humanos, estas decisiones, si se escapan de las manos, podrían acarrear problemas internacionales para el Ecuador. De su parte, el coronel Renán Miller, jefe de la Zona 3 de la Policía, manifiesta que como entidad de orden están para resguardar la seguridad de todo ciudadano.

El gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, recalca que en varias ocasiones han convocado a asambleas sobre seguridad e incluso han recomendado tener precaución a quienes arriendan, pero “muchas personas anteponen sus intereses económicos a la seguridad”.

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