“No es de ahora el consumo y tráfico de drogas en los planteles. El año pasado me tocó un alumno de 12 años, me di cuenta de que estaba drogado: tenía los ojos rojos, se dormía en clases, tenía actitud rebelde. No fue el único caso”, revela Ana, maestra de un colegio del noroeste de Guayaquil.

Los familiares del menor de edad sabían de la adicción del pequeño y la ‘solución’ fue retirarlo del centro educativo. Solo estuvo un año escolar.

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La ‘profe’ considera oportuno el momento de tirar abajo la prohibición de revisar las mochilas de los estudiantes. “Estoy segura de que ninguna autoridad educativa en altos cargos estará de acuerdo con esta propuesta (los ministros); ellos no experimentan los peligros que vivimos”.

Laura, moradora de la cooperativa Nueva Prosperina, dice que la medida del Gobierno es declarar clases virtuales, no se opone a ello, pero opina que deben de considerar que varios de los alumnos o sus familiares han sido víctimas de robos y no cuentan con el dispositivo.

“¿Con qué estudian si tienen a varios hijos y un solo teléfono? Y no todos tenemos wifi. El Estado hablaba de la conectividad, pero ni siquiera logra ‘conectarse’ con las necesidades del pueblo”, menciona indignada.

“Hay que hacer como en la ‘Peni’, policías deben de entrar a los colegios, revisar y hacer decomisos, los chicos se están perdiendo y no se hace nada”, expresa con decepción Ana.

El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina, sostiene que en junio de este año la institución propuso el proyecto ‘Policía Escolar’: uno o dos agentes en el plantel (según la cantidad del alumnado).

“Que los estudiantes nos den la información, así nacen las investigaciones. Este vende drogas, lleva armas, allí en flagrancia podemos intervenir, pero el Ministerio de Educación nos prohíbe entrar”, señala Santamaría, quien manifiesta que la presencia de uniformados en los planteles es una norma en otros países.

Lo que les han permitido son ferias de seguridad ciudadana donde les hacen hincapié de que no se involucren con las economías criminales, que no se dejen reclutar, etcétera. Hoy (29 de septiembre) iniciaron con las visitas.

El exministro de educación, Ivo Orellana, es determinante en su análisis. “La ministra (María) Brown solo habla de estadísticas, no de prevención. Las propuestas no pueden venir de tecnócratas de escritorio. Hay más de 200.000 estudiantes que han abandonado el sistema educativo y nadie dice nada”.

El exministro de educación, Milton Luna, tiene clara la cifra, y añade que muchos de estos chicos no quisieron retornar a las aulas. “En 2021 saltó la alerta de que eran reclutados por el crimen organizado. Los planteles y la familia dejaron de proteger a estos jóvenes de su proyecto de vida, que se lo brindan las bandas”, concluye Luna.

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