La creciente ola de inseguridad en Ecuador no solo afecta a ciudadanos comunes, sino que pone en riesgo a empresarios y directivos de empresas, especialmente en sectores que manejan altos volúmenes de transacciones o actividades de exportación, entre otros rubros. A medida que aumentan las denuncias de extorsión y se advierte sobre intentos de involucrar a empresas en redes de lavado de dinero, los expertos en seguridad subrayan la importancia de que los ejecutivos adopten medidas de protección y prevención.

Un caso reciente de un empresario víctima del crimen organizado fue el asesinato de Alexies Andrés Verduga Shaoul, de 54 años. Él y sus dos custodios fueron atacados de forma brutal el 23 de septiembre de 2024, cuando circulaban cerca del kilómetro 4,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, y fueron interceptados por comandos terroristas.

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Las causas de este ataque aún se encuentran en proceso de investigación bajo reserva, pero ha generado preocupación en ciertos sectores del gremio empresarial, que se ha visto obligado a reforzar sus medidas de seguridad.

Según Kléber Carrión, fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y actual presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, la realidad es que los empresarios están siendo perfilados constantemente por organizaciones criminales, que buscan posibles puntos de acceso para influir o intimidar, pues la delincuencia organizada también tiene como objetivo incluir en su ‘nómina’ a negocios exitosos, para el blanqueo del capital que es obtenido de forma ilícita a través de las extorsiones, tráfico de drogas, de armas y minería ilegal.

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Para reducir esta exposición, Carrión aconseja a los empresarios “bajar los perfiles” y evitar conductas que puedan atraer la atención de los delincuentes. Esto implica, de acuerdo con el experto, no ostentar el éxito financiero de la empresa y asegurar que cada acción dentro de la compañía cumpla con protocolos bien definidos y aprobados por las autoridades competentes.

Nelson Yépez, experto en seguridad y gerente propietario de una reconocida empresa de la misma rama, explica que la discreción es fundamental. “Nosotros proyectamos una imagen de lo que somos, y el delincuente se acerca a uno a través de terceras personas, ya sea un amigo o un empleado que conoce nuestras necesidades”, asegura.

Por ello, destaca la importancia de no hacer pública la situación financiera de la empresa ni dar detalles sobre los proyectos que se manejan internamente. Él considera que es necesario evitar los contactos innecesarios y reforzar las políticas internas para este tipo de protocolos.

Yépez enfatiza la necesidad de que los empresarios se asesoren con abogados y mantengan una comunicación constante con la Policía Nacional. Recomienda que ante el primer indicio de intimidación o intento de extorsión, se consulte con las autoridades y se tomen medidas de precaución para frenar cualquier posible infiltración.

En palabras de Kléber Carrión, “el empresario debe contar con protocolos abiertos, definidos y aprobados por parte de todos los ministerios que controlan sus actividades”.

Agrega que la ausencia de protocolos claros puede ser una puerta de entrada para que los delincuentes busquen vulnerar a la compañía o influir en su estructura interna. Para evitar esto, el especialista sugiere que cada proceso de la empresa, desde la parte financiera hasta la operativa, debe estar protocolizado para impedir que sea alterado por personas externas, o incluso internas que pudieran estar actuando a favor de grupos delictivos.

De hecho, uno de los puntos críticos en la protección de una empresa es el proceso de selección de personal, advierte Carrión, quien señala que a menudo la falta de un sistema riguroso permite que personas con antecedentes judiciales ingresen a las compañías. Sin embargo, cuestiona que la legislación actual prohíbe discriminar a los candidatos por su historial judicial, lo que, en su opinión, limita la autonomía de los empresarios y los expone a mayores riesgos.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), sostiene que la denuncia es una herramienta vital para enfrentar las extorsiones. Para él, muchos casos que afectan a empresarios pequeños y medianos surgen de oportunidades puntuales y no siempre involucran a grandes organizaciones criminales. Para enfrentar estos casos, sugiere que los empresarios, especialmente aquellos con estructuras grandes, implementen mecanismos de denuncia colectiva a nivel institucional.

Esto permite presentar un único caso que recoja el testimonio de varias víctimas, facilitando la investigación que adelantan las autoridades.

Bajo reserva de su identidad, el gerente de una cadena de clínicas privadas habló para EXTRA. Él detalla algunas de las medidas que pueden reducir el riesgo de ser blanco de delincuentes.

El ejecutivo relata que en su caso particular ha optado por no establecer un horario fijo para visitar sus oficinas, evitando crear una rutina que facilite su ubicación. Además, ha instalado un sistema de cámaras y equipos de monitoreo en su vivienda, desde donde supervisa todas las clínicas de forma remota.

Este gerente también mantiene en reserva su lugar de residencia, sin revelar su ubicación a sus empleados ni ofrecer detalles de sus movimientos personales. Según él, estos hábitos ayudan a minimizar la exposición y a crear un entorno de trabajo seguro tanto para él como para su equipo.

Lo mismo hace el propietario de una cadena de picanterías, quien ha dejado de visitar las instalaciones de sus locales. Él, al igual que el ejecutivo hospitalario, ha decidido controlar su negocio de forma remota. Aparte, para evitar que los denominados ‘vacunadores’ lo localicen con facilidad, cambia habitualmente su número de teléfono.

La exposición a delitos como la extorsión y el lavado de dinero exige que los empresarios ecuatorianos asuman un rol proactivo en su seguridad. Expertos destacan como puntos claves la importancia de mantener discreción en el manejo de información personal y empresarial, implementar protocolos sólidos en cada área de la compañía y adoptar procesos de selección rigurosos para reducir el riesgo de infiltración criminal.

Además, se ha podido concluir que la denuncia sigue siendo una herramienta indispensable, ya que cada caso permite identificar el avance del crimen organizado en el país.

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