El 28 de noviembre pasado, el presidente Daniel Noboa expidió el decreto con el que ordenaba el inicio de la liquidación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Con ello, la entidad tiene un plazo de un mes para presentar al primer mandatario un informe del estudio y análisis que ordenó, como parte de la ruta para extinguir esa entidad.

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La EMCO tiene a su cargo la supervisión de unas doce empresas públicas, como Petroecuador, Flopec, CNT, entre otras.

Según el artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas, el directorio de ese tipo de empresas estará integrado por el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, o su delegado permanente, quien lo presidirá.

En el artículo 9, en cambio, se detallan las atribuciones del directorio de las empresas públicas. Por ejemplo: establecer las políticas y metas de la empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento; o aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con la página web de la EMCO, la entidad tiene la misión de "mejorar la gestión de las empresas públicas mediante la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y seguimiento a la gestión de las mismas, promoviendo la integridad, transparencia y eficiencia técnica, administrativa y financiera, que les permita generar sostenibilidad y rentabilidad".

En el sitio electrónico también se detallan los balances de resultados de las empresas públicas bajo el paraguas de la EMCO.

Por ejemplo, se cita información de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel). Dicha empresa tiene $ 3.435 millones en activos, $ 2.087 millones en pasivos y $ 1.347 millones de patrimonio.

El nombre de la empresa coordinadora fue creada en la época del régimen de Rafael Correa y en el gobierno de Guillermo Lasso fue salpicada de acusaciones de corrupción en una supuesta trama de venta de cargos públicos que ahora investiga la Fiscalía como el conocido caso Encuentro.

Días atrás, un juez ordenó el arresto domiciliario en contra de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. En total, la Justicia procesó a ocho personas.

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