Christian y su familia viven una tragedia hace diez años. Él padece esquizofrenia, una enfermedad mental que le provoca, a ratos, tener reacciones violentas. Actualmente es investigado por agredir con un cuchillo a una menor de edad, en una de sus crisis. A sus parientes en algún momento les dijeron que él no se recuperará. Y ahora se enfrentan a una duda: ¿Cuál será su futuro legal?

El hecho ocurrió el pasado 17 de junio de 2023, en Bastión Popular, sector del noroeste de Guayaquil, en donde residen. Lo peor es que el duro momento fue presenciado por el hijo menor de Mayra, hermana de Christian. Algo que ya empieza a tener efectos en el pequeño.

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“No puede dormir porque solo ve episodios donde el tío ataca a cualquier persona”, cuenta llorando. Asimismo, su hijo mayor también está afectado por lo ocurrido, “está demasiado distraído, en la escuela no presta atención”, comenta.

Christian permanece internado en un hospital. Previamente estuvo más de dos semanas recluido en la Penitenciaría del Litoral, luego de ser detenido y procesado por la agresión. El abogado, al que la familia pudo acceder gracias a una donación, no logró que le otorguen la libertad, pero consiguió que se autorice su traslado a la casa de salud hasta que se le realice una evaluación médica que ratifique la enfermedad.

Posteriormente, si el resultado de esta prueba es positivo, podría ser un paso importante para que no sea juzgado, o tenga una pena atenuada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

"La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad”, se especifica.

También se puntualiza que si la persona, “al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal”.

Los primeros síntomas de Christian fueron a los 19 años, ahora tiene 29. “Se comenzó a aislar, no hablaba con nadie, no salía ni a jugar, no comía junto con nosotros, todo lo hacía encerrado en su cuarto”, recuerda Mayra.

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Después, su actitud fue más violenta. En una ocasión le dijo a su ñaña que iba a matarla, aunque afortunadamente no hizo nada contra ella. También rompía cosas dentro del domicilio y a veces salía con rumbo desconocido, perdiéndose momentáneamente.

Sus familiares lo llevaron a consultas en la red de salud pública y en una ocasión fue derivado al Instituto de Neurociencias, en donde permaneció por unos seis meses. Luego volvió a casa y se mantuvo bien durante un año, tomando las medicinas que le recetaron. Pero empeoró nuevamente y sus allegados tomaron una decisión radical.

“Él decía que oía voces (...). Estaba encerrado, estaba amarrado, porque cuando él cae con su crisis, no se lo desamarra ni día ni noche”, refiere Mayra.

La mujer y sus padres anhelan que Christian sea internado nuevamente en el Instituto de Neurociencias, como aquella vez que desde un hospital público lo derivaron allá, sin que ellos tengan que pagar el tratamiento, pues son de escasos recursos. El progenitor mantiene la casa con la venta de granizados. En cambio Mayra ya tiene su hogar, pero tampoco está en condiciones económicas de hacerse cargo de esos gastos.

La psicóloga clínica Blanca Nájera, quien ha trabajado con personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad, privados de libertad y familias, refiere que se necesita mejorar el acceso a la salud para las personas de bajos ingresos económicos y que viven en zonas lejanas a establecimientos de salud. Y para eso tiene que haber un acercamiento a estos sectores.

“Una instancia que podría considerarse para el abordaje de estas personas es a partir de las comunidades. Poder tener un acercamiento con la comunidad, porque los vecinos conocen quién tiene un familiar con trastornos mentales graves y se los puede ir identificando. Que haya un primer abordaje de un equipo técnico que incluya a especialistas y que, a partir de ese contacto inicial, se pueda dar una guía a la familia”, explica.

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El siguiente paso es que, basándose en esa información levantada, se gestione la atención en centros médicos a quienes la requieran. Pero en este punto es indispensable que el tratamiento sea continuo, que las consultas tengan la frecuencia necesaria, acota.

El también psicólogo Jorge Escobar, coordinador de la Unidad de Salud Emocional Municipal de Guayaquil (USEM), ubicada en el Hospital Bicentenario (antigua maternidad Enrique Sotomayor), indica que otro aspecto a considerar para mejorar las atenciones es que el trabajo sea en conjunto entre los ministerios de Salud y de Inclusión Económica y Social, los cabildos e instituciones de derechos humanos, “para saber qué hace cada uno y no redundar en acciones”.

Agrega que las atenciones deben ser no solo para la persona que padece el trastorno mental, sino también para su familia, al igual que para la víctima de una agresión y su entorno.

Recalca que debe existir prevención y que no solo se reaccione cuando ocurra un incidente. Para eso es importante que haya más información y educación de este tema hacia la población.

“Se creía que el internamiento o el encerrar era la solución. La realidad es que no todos tienen que estar encerrados, de hecho eso puede agravar el cuadro. Entonces, el manejo de estos pacientes implica una sociedad que esté más culta”, dice.

Nájera comenta que en Argentina, por ejemplo, como parte de los tratamientos, hay pacientes que son acompañados por especialistas para que realicen actividades cotidianas, como salir a tomar un café, ir a un parque, entre otras. Pero para pensar en una estrategia así en Ecuador, primero debe mejorar el acceso a la atención en salud mental, enfatiza.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, entre enero y mayo de 2023 hubo 46.515 atenciones en consulta externa referentes a problemáticas mentales. En ese mismo período, la institución registra 307 egresos hospitalarios por estas mismas problemáticas (ver detalle a continuación).

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