Su reacción sorprendió a los empleados y a los demás clientes de un reconocido restaurante de Urdesa central, en el norte de Guayaquil, pues cuando le llevaron la cuenta, ella habría respondido que “no iba a cancelar porque era funcionaria pública (jueza)”, se relata en el parte policial.

Eran aproximadamente las 15:45 del pasado jueves y hasta ese lugar, ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada, llegó una agente, para conocer qué sucedía. El administrador del sitio le habría explicado que la fémina, identificada como la exjueza Lorena Collantes, de 30 años, llegó en horas de la mañana y que “había ingerido bebidas alcohólicas”.

Luego de eso le habrían indicado que su consumo era de 126 dólares. De ahí, la uniformada se dirigió a la mujer, pero “al percatarse de la presencia policial (...), me agredió físicamente, lanzando una silla contra mi humanidad”, narra la policía en su escrito.

Después le habría dicho “cara de la (...), imbécil, vales... estarás destituida, no sabes con quién te metes, quieres que te mate en treinta minutos”.

El siguiente acto de la supuesta agresora habría sido lanzar las mesas y sillas del restaurante. La agente trató de calmarla, pero “puso resistencia, comenzando nuevamente a agredir al personal policial”.

Por ese motivo, los policías justificaron que “procedimos a hacer el uso progresivo de la fuerza, logrando colocarle las esposas”.

De ahí, la aprehendida fue trasladada a la Unidad Judicial de Flagrancia y “en el trayecto, daba puntapiés contra las mallas de protección del patrullero. En los exteriores de la Unidad Judicial, la sospechosa habría protagonizado otro escándalo.

Fue procesada, pero recobró su libertad

En la Unidad Judicial se comprobó que la detenida ya no ejercía el cargo de jueza y que por eso sería llevada a audiencia de manera ordinaria, por el delito de “ataque o resistencia”, tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

El fiscal que conoció el caso, el día del suceso, fue Robinson Coronel, pero en la audiencia actuó Giancarlo Almeida, quien solicitó que la exjueza sea procesada por esa infracción, pero con medidas alternativas a la prisión preventiva.

En la resolución de la diligencia consta que la mujer quedó en libertad, pero deberá presentarse los días 1 de cada mes, ante la Fiscalía que conozca la causa, y la prohibición de salida del país.

El plazo de duración de la etapa de instrucción (tiempo para investigar) es de treinta días.