La orden judicial es un escudo que no cobija del todo a los vecinos de un conjunto habitacional en Fajardo. El miedo y la angustia aún rondan por las 74 viviendas de aquella residencia en el cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito, donde la madrugada del domingo sucedió una gresca.

En la riña participaron los futbolistas José Angulo, Jerry León, Bryan Lerma y Manuel Hernández, además de otras cuatro personas, que fueron detenidas, incluyendo al hermano de Angulo, Javier, y a su amigo Jaime Mina.

“Siempre da temor, sobre todo por las amenazas... Ahora mi hijo está hospitalizado. Esta situación nos ha afectado mucho como familia”, refirió Mauricio Giraldo, vecino del condominio. Pese a que la noche del domingo no logró ingresar a la diligencia, llegó al Complejo Judicial de Sangolquí para apoyar al presidente de la urbanización, Fabián Lizano.

Luego de un par de horas, un juez dictó prisión preventiva por 30 días en contra de seis personas, mientras que las otras dos fueron liberadas bajo medidas sustitutivas. Es decir, deberán presentarse a la Fiscalía una vez a la semana y tienen restricción de salida del país.

Pese a que durante un año el temor se habría apoderado de los vecinos de este conjunto, la noche del incidente ellos levantaron la voz “para exigir justicia”. Para que de ese modo los investigados paguen por las “amenazas e intimidaciones” supuestamente levantadas en contra de los residentes de ese condominio, situado en el suroriente de Quito.

Al terminar la diligencia legal, ese espacio recibiría resguardo policial permanente para proteger a los vecinos. Adicionalmente, el dirigente habría solicitado que se instalen botones de pánico en cada una de las casas por si se reporta alguna novedad. “También estamos pensando en instalar más cámaras”, acotó Giraldo. El perturbador hecho mantiene a los moradores en un estado de paranoia, especialmente por los “alcances que tuvieron esa noche los investigados”.

Según el parte policial, durante la bronca, los detenidos gritaban improperios en contra de los agentes. “Les voy a hacer matar a ustedes y a toda su familia”, señala el informe de la institución. Los tipos también habrían amenazado con “poner una bomba, manifestando ser familiares de Guacho (Walter Arízala, disidente de las FARC)”.

Además, José Angulo “intentó sustraer el arma de dotación de los servidores policiales”. Entre golpes y patadas, los agentes lo neutralizaron. Sin embargo, el implicado alcanzó a lanzar un patazo con el que lastimó la mano del Comisario de Policía del cantón.

Luego del informe médico, el herido recibió una incapacidad de 9 a 30 días por la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. Esa lesión agravaría la pena del detenido, por lo estipulado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los empleados públicos... será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

Pero si producto del incidente resultan personas heridas (dependiendo de los días de incapacidad), el procesado será sancionado de cinco a siete años de reclusión.

Mentiras y amenazas

Un tema que mantiene en zozobra a Carla Pazmiño, otra vecina del conjunto, son las amenazas que habría sufrido una residente por parte de la mujer liberada en el momento de la gresca. “Le dijo que la iba a matar y que le dañaría la cara”, manifestó, sorprendida ante la actitud de los involucrados.

La joven señaló que uno de los deportistas aprehendidos habría dado “el nombre de otro futbolista”. La mentira se le cayó cuando sus “huellas digitales confirmaron su verdadera identidad”.

Reacción de los clubes

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, último plantel nacional en el que jugó Angulo, precisó a EXTRA que el futbolista “ya no es jugador del club. Está suspendido por dos años y medio... Está cancelado su contrato”.

Asimismo, Miguel Almeida, presidente de Universidad Católica, equipo al que pertenecen cuatro de los implicados, dijo que el tema es “delicado” y se debe manejar de “forma muy reservada porque, eventualmente, estos jugadores pueden tener familia, hijos, mujer y hay que respetar”. También indicó que “las medidas que tome Universidad Católica les serán informadas al jugador y, cuando estén puestas en práctica, las haré públicas”.

Francisco Egas, principal directivo de la Universidad Católica, explicó que en Ecuador “los niveles de educación de donde salen los futbolistas son bien bajos, por lo cual a las instituciones deportivas nos toca educar a los jugadores”.

Confirmó en una radio que los futbolistas “envueltos en problemas el sábado serán separados”. Dijo también que se trata de “un jugador del equipo de primera y otros elementos de reserva”.