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Los dos detenidos serán juzgados por la justicia ecuatoriana por el asesinato del policía.Ilustración EXTRA

Dos sospechosos del asesinato de un policía ecuatoriano fueron extraditados desde Perú

Sobre los acusados pesaba una alerta roja de la Interpol. Se los señala por matar al gendarme durante un robo ocurrido en octubre de 2023 en Quevedo

Dos personas implicadas en la muerte de un servidor policial, quienes habían logrado huir del país a través de la frontera con Perú, fueron ubicadas y extraditadas a Ecuador el jueves 12 de septiembre. Sobre los aprehendidos pesaba una Alerta Roja de la Interpol.

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La Policía Nacional informó que gracias al trabajo conjunto con las autoridades peruanas se dio con el paradero de Anthony T. y Kristel C., quienes son señalados como principales sospechosos de matar al uniformado durante un robo en Quevedo, provincia de Los Ríos, ocurrido el 8 octubre de 2023.

¿Cómo fue la extradición de los sospechosos del asesinato del policía?

Los dos sospechosos llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito escoltados por la Policía peruana, que los entregó a sus pares ecuatorianos para que posteriormente sean juzgados por la muerte del gendarme.

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Estas personas habían sido identificadas como supuestos autores directos del crimen; sin embargo, cuando los estaban rastreando para capturarlos, las labores de investigativas permitieron confirmar que ya habían fugado hacia el vecino país del sur.

Por ese motivo, las autoridades ecuatorianas le solicitaron a Perú que colabore para ubicarlos. También pidieron la notificación roja de la Interpol, para que pudieran capturados en otra nación si llegaban a dejar Perú.

Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.

Desde inicios de año, el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.

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