El dolor ha estado en su vida durante 11 años. María Flores Ruiz conoce de cerca lo que es la impunidad. El 4 de octubre de 2011, a martillazos le arrebataron lo que más amaba, su única hija María Fernanda Fernández de Córdova Flores. La joven tenía 21 años cuando la mataron. Su exnovio, Roberto Eliut Campos Crespo, es el principal sospechoso.

Ha transcurrido más de una década y sus ojos aún se humedecen y su voz se entrecorta cuando recuerda cómo ocurrió el brutal asesinato de su princesa, Nanda, como la llamaba de cariño, y todo lo que ha tenido que batallar para encontrar justicia y al responsable de sus 4.015 días de suplicio.

Confiesa que la tragedia que la azotó la ha convertido en un espejo para otras madres que sufren porque la vida de sus hijas acabaron en manos de sus parejas. Y su desconsuelo se agiganta porque es consciente de que en cuatro años prescribiría el delito por el cual fue procesado Campos Crespo, y él podrá gozar de libertad.

Christian Flores, tío de la joven asesinada, explica que de acuerdo al Código Penal anterior (en el 2014 entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal, en el COIP este tipo de delito es investigado como femicidio) en 15 años se extingue la responsabilidad penal y tras un trámite legal que podría ser realizado por el defensor del sospechoso, él no tendrá impedimento para ejercer sus deberes y derechos e incluso podrá transitar libremente en nuestro territorio.

“En el 2012 se hizo la audiencia de autollamamiento a juicio con abogados de ambas partes, testigos y ante un juez, sin la presencia del involucrado porque está prófugo, la ley ecuatoriana determina que no se puede juzgar a una persona en ausencia, entonces ahí se paralizó el caso y hasta que detengan al asesino de mi sobrina, el caso seguirá en la impunidad, ahora todo depende de que la Policía lo capture”, detalla Flores.

Sostiene que el único logro alcanzado luego de tantos años de lucha, plantones y de sufrimiento es que Campos Crespo conste entre los 10 más buscados del Guayas. “Hasta ahí se llegó, aunque él debería estar en el listado nacional. En su momento también estuvo con alerta roja de la Interpol, no entiendo cómo lograron eliminarlo, nos sentimos estancados”, lamenta.

Christian ha sido el hombro donde María descargó más de una lágrima y su soporte para sobrellevar el desconsuelo tras el asesinato de quien por años fue la consentida de la familia Flores Ruiz. Es por eso que él entiende el empuje y también el padecimiento de las madres que no desmayan en su afán de buscar justicia.

“La mamá de la abogada María Belén Bernal (asesinada en la escuela de la Policía de Quito) es fuerte porque está con la euforia, la rabia y el dolor de haber perdido a su hija, todo esto la fortalece. Pero más adelante va a sentir impotencia, porque no se logra la captura del responsable, esto nos pasó a nosotros y a otras familias que hemos padecido la muerte de un ser querido. Mi hermana lo vive”, expresa.

María coincide con el criterio de su ñaño y confiesa que los primeros meses, luego del asesinato de su hija, todos los días acudía a la Fiscalía, a la Policía e incluso tocó las puertas de algunas autoridades.

“Parecía guardia, todos los días estaba parada en la puerta de la Fiscalía, pero las fuerzas se van, el tiempo y la impunidad nos hace desmayar. La muerte de la abogada Bernal revivió mi calvario y entiendo a su madre, ahora la veo fuerte y dura, pero ella se va a quebrar por el dolor, a mí me pasó”.

Afirma que tocó muchas puertas y le escribió a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Ahora solo confió en Dios, porque el delito puede prescribir, pero no el dolor de una madre que ha perdido lo que más amaba”, manifiesta mientras sus ojos llorosos contemplan una fotografía donde aparece junto a su princesa.

Le habló en sueños

Hasta hace un año, el 4 de cada mes, María visitaba la tumba donde reposan los restos de su hija y cuando no podía asistir por alguna calamidad le pedía a un familiar que le llevara flores al sepulcro. Sin embargo, cuando se cumplieron los 10 años de la muerte de Nanda se hizo una promesa, soltarla y dejarla descansar en paz.

“El dolor no pasará y nunca va a salir de mi corazón, pero ahora solo me queda la esperanza de que en cualquier momento van a encontrar al asesino, es lo que tanto he pedido, se lo debo a ella”, dice con firmeza.

Revela que tuvo un sueño en que su hija le pedía que se tranquilizara y que la dejara descansar, esto alivió su interminable pesar. “Me dijo: ‘mamá basta, yo ya estoy muerta y quiero que estés tranquila’.Desde ese día traté de soltarla, aunque todos los días la tengo en mi mente”.

La guayaquileña, de 60 años, admite que los recuerdos de los viajes que realizaron juntas y las interminables noches de charlas que compartieron hace que a veces cierre los ojos y se la imagine caminando por la casa, sonriendo, convertida en una profesional, en una esposa y madre.

“Ahora debería estar criando a mis nietos, pero su asesino me lo quitó todo, me dejó sin nada. Solo me quedo con el recuerdo de la última vez que la vi con vida y desde afuera de nuestra casa diciendo ‘chao ma’. Aquella mañana se embarcó en su expreso para ir a su trabajo y no volvió más”.

Existe un último recurso, la Corte Interamericana

El fiscal del Guayas, César Peña Moran, explicó que en el artículo 101 del Código Penal anterior (desde 1971 al 2014) el delito por asesinato y homicidio era de 16 a 25 años y prescribía a los 15 años.

“En los expendientes o procesos anteriores, ingresados hasta 9 de agosto de 2014, se aplica el anterior Código Penal. La prescripción puede ser declarada por el Tribunal Penal y si el Tribunal lo acepta podrá ejercer sus derechos como cualquier ciudadano”, sostiene el funcionario.

Indica que comúnmente estas personas hacen los trámites con un abogado y una vez libres regresan al país como si nada. “Lo que la familia de la víctima podría hacer es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer una acción en contra del Estado, eso hacen las personas que se sienten perjudicadas”, recomienda Peña.

Manifiesta que con el nuevo Código Integral Penal (COIP), según el artículo 140 la pena por asesinato es de 22 a 26 años y este delito prescribe en el máximo de la pena, es decir a los 26 años.