José, un hombre oriundo de los Ríos y que ha vivido en el noroeste de Guayaquil por más de dos décadas, se vio obligado a tomar una difícil determinación: mantener a sus tres hijos menores en casa durante el período lectivo 2023-2024. Su mayor temor era que se convirtieran en víctimas de la violencia criminal que azota su sector. Desde septiembre del año pasado, su casa se convirtió en un refugio, una prisión voluntaria para proteger lo que más ama.

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Con el inicio de un nuevo período lectivo hace casi cuatro meses, y tras largas conversaciones, José y su esposa decidieron permitir que sus hijos regresaran a las aulas, pero no en el distrito Nueva Prosperina, sino en una unidad educativa situada en una zona más segura del Puerto Principal.

A pesar de esta medida, el costo emocional y académico fue considerable: los adolescentes tuvieron que repetir el año escolar, un sacrificio que la familia consideró necesario para preservar su seguridad y bienestar.

Sin embargo, la tranquilidad sigue siendo un lujo que José no puede permitirse. Cada vez que sus hijos salen de casa para asistir al colegio, el miedo lo consume. Vive en el bloque 6 de Flor de Bastión, parte del distrito Nueva Prosperina, que es el segundo con mayor índice de crímenes en la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón.

“A pesar de las intervenciones y operativos de la policía, los asesinatos continúan. Le he dicho a mis hijos que, si es necesario, tendrán que dejar de ir a clases. Los prefiero vivos, aunque no aprendan tanto; de burro nadie muere. Pero ellos insisten en continuar porque ya perdieron un año escolar, y uno de ellos está cerca de graduarse. Excompañeros suyos no volvieron a estudiar por la violencia en el sector. Esa es la realidad que vivimos”, lamenta José.

La angustia del riosense no es un caso aislado. Sandra, otra residente del noroeste porteño, también ha sentido el peso del miedo. A sus 33 años, dedicada a los quehaceres domésticos, tomó la difícil decisión de retirar a sus hijos mayores del colegio debido al temor de que fueran captados por las organizaciones criminales que dominan la zona.

“Varias veces organizamos plantones, pidiendo a las autoridades del colegio que las clases fueran telemáticas, pero nunca nos dieron soluciones. Cerca de ese colegio mataron a un estudiante; además, los profesores son extorsionados, y uno incluso fue secuestrado. Su familia tuvo que pagar para que lo devolvieran con vida”, cuenta Sandra con amargura.

Solo su hija menor sigue asistiendo a clases, aunque teme que esa situación pueda cambiar en cualquier momento, ya que también ha considerado retirarla por miedo a una bala perdida.

Pero no solo los padres del noroeste de Guayaquil han tenido que tomar estas decisiones drásticas. En Durán, el distrito más afectado por la delincuencia en la Zona 8, muchos padres también se han visto obligados a retirar a sus hijos de la escuela.

“La situación en Durán es difícil. Matan a cualquier hora del día. Como padres, somos conscientes del peligro que corren nuestros hijos, no solo fuera del salón de clases, sino también dentro, ya que las organizaciones criminales captan a menores de edad. A mis dos hijos, de 13 y 15 años, los saqué del colegio en junio pasado. Nada me garantizaba su seguridad”, confiesa Sonia, una madre preocupada.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, las ciudades de Guayaquil y Durán, duramente afectadas por la violencia criminal, experimentaron una notable disminución en el número de estudiantes matriculados durante el período lectivo 2024-2025. En Guayaquil, se registró una reducción de 2.199 alumnos en comparación con el año anterior, mientras que en Durán, la disminución fue de 526 estudiantes.

El sociólogo Javier Gutiérrez, director de la Misión Noruega y catedrático universitario, expresa que este decremento refleja el impacto directo que la inseguridad tiene en la vida educativa de las familias, quienes, temiendo por la seguridad de sus hijos, optan por mantenerlos en casa o buscar alternativas en zonas consideradas más seguras.

“La violencia criminal está afectando directamente el acceso a la educación. Las familias, por miedo a la delincuencia, están retirando a sus hijos de las escuelas. Un claro ejemplo de lo que ocurre en Durán es que en 2023, hasta 14.874 estudiantes dejaron las aulas por temor a la violencia. Este panorama no solo se vive en este cantón, sino en varios sectores de Guayaquil”, menciona Gutiérrez.

El sociólogo revela que un dato preocupante a nivel nacional es la caída en la tasa de matriculación, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia.

“En la Costa, se reportaron 60.000 niños que no se matricularon, mientras que en la Sierra, la cifra alcanzó los 40.000, según el Ministerio de Educación. Por un lado, la violencia empuja a los jóvenes a dejar la escuela, y por otro, la situación económica también juega un papel crucial. Hay familias que deciden que sus hijos no estudien hasta que mejoren sus condiciones económicas, y de esto se aprovechan las bandas criminales”, menciona Gutiérrez.

El sociólogo, familiarizado con la realidad del distrito Nueva Prosperina, afirma que los jóvenes son especialmente vulnerables a ser absorbidos por las bandas criminales, sobre todo si tienen familiares, como hermanos mayores o padres, ya involucrados en actividades delictivas como el microtráfico o la extorsión. En muchos casos, los jóvenes son amenazados para unirse, quedando atrapados en un ciclo de violencia del que es difícil escapar.

“Muchas madres en situación de abandono, con varios hijos, enfrentan el dolor de ver a algunos de ellos involucrados en actividades ilícitas. Lo más alarmante es que incluso aquellos no involucrados son amenazados por sus propios hermanos para unirse a las bandas. Es crucial que las autoridades actúen urgentemente para garantizar la seguridad en las escuelas y evitar que más estudiantes abandonen sus estudios”, concluye Gutiérrez.

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