El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil concluyó este lunes 5 de julio de 2021, la audiencia de juzgamiento que se instaló en contra de exfuncionarios del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otras cinco personas, entre ellas, Daniel Salcedo Bonilla, por la adquisición de fundas para cadáveres durante la emergencia sanitaria declarada en 2020, quienes fueron declaradas culpables del delito de peculado.

Antes de la reinstalación de la audiencia, se desplegó un gran dispositivo policial para brindar un mayor resguardo a los jueces Francisco Flores, Francisco Dávila y Mónica Abad, integrantes del tribunal que conoció el juicio, para evitar desmanes que se puedan presentar luego de pronunciar el fallo, que concluyó esta noche.

En el caso, la fiscal Claudia Romero convocó a un total de 112 testigos y peritos, y presentó 126 pruebas documentales, para que sean valoradas por los jueces en contra de ocho procesados, entre los que resalta Daniel Salcedo, implicado en otros casos derivados de presunta corrupción hospitalaria en la pandemia. Todos fueron acusados de participar en un delito de peculado que se habría cometido en la contratación de insumos médicos, incluidas fundas para cadáveres, con aparente sobreprecio, por parte del Hospital Los Ceibos, en Guayaquil, según informó la Fiscalía.

Los medios probatorios ingresados confirman la tesis de la Fiscalía, que sostiene que Susana Mera, Cristina Goya y Johana Vinueza, como funcionarias del Hospital Los Ceibos, “abusaron de sus atribuciones, disponiendo arbitrariamente de dinero público en un proceso contractual con sobreprecio y sin un adecuado estudio de mercado, en el que se asignó una partida presupuestaria por el valor de 872.000 dólares”. Las tres fueron declaradas autoras directas del delito, por el cual fueron sentenciadas a 13 años de cárcel.

El proceso de contratación, según la Fiscalía, habría favorecido a terceros, entre ellos la representante de la empresa adjudicada, Sandra Ortega Romo, coadyuvando a la adjudicación y ejecución de este proceso contractual los procesados Daniel Salcedo, Alejandro Barahona y Lenin Romo, quienes fueron sentenciados también a 13 años de pena privativa de libertad como coautores del delito. El acusado Jorge San Lucas Vanegas fue condenado a seis años seis meses de prisión, en calidad de cómplice.

“La abundante prueba evidencia una serie de inobservancias a la normativa de contratación pública, aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción y de emergencia sanitaria, y del confinamiento por la pandemia de COVID-19; y un injustificado incremento en los rubros de los insumos adquiridos, entre estos fundas para cadáveres, a un costo de 148 dólares por unidad, cuando (al momento de los hechos que se investigan) el valor en el mercado era mucho menor”, explicó días atrás la Fiscalía General.

Salcedo enfrenta otra condena de cuatro años por el delito de fraude procesal y encara otros dos juicios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos.