El presidente electo, Daniel Noboa, aseguró durante la campaña electoral que va a implementar en Ecuador barcazas que sirvan como cárceles flotantes; el fin es aislar a los reos más peligrosos de la nación.

“Primero, porque no hay mucho tiempo; segundo, porque las cárceles barcazas pueden servir de ocho a diez años. Se los saca de las costas a los criminales más violentos, se los tiene aislados a 80 millas dentro del espacio marítimo ecuatoriano para que no se vuelva un centro de organización del crimen y no se vuelva una vacación, sino un castigo”, dijo el también empresario en una entrevista.

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Sin embargo, a criterio de expertos, implementar esta modalidad de encierro no es viable en el país porque hay una serie de problemas que primero se deben resolver. La primera es que sí existe infraestructura carcelaria en la que no se invierte en seguridad, infraestructura y eficiente administración.

- En agosto pasado, Reino Unido ingresó a los primeros 50 migrantes al navío Bibby Stockholm. A la semana de ser usado, debió ser evacuado por contaminación del sistema de agua y el contagio de la bacteria legionela.

- Para embarcaciones de este tipo, es necesario que un gobierno de un país los solicite y adecue según la necesidad de uso porque su construcción es muy costosa.

- La cárcel The Boat, situada en Nueva York, Estados Unidos, se construyó como resultado del hacinamiento en las prisiones de la década de 1980. Ahí trabajan 317 operarios, para su funcionamiento anual se necesitan $ 24 millones y se invirtió otros $162 millones para su construcción. En 2020 un recluso de 30 años que logró burlar la vigilancia y escapar, pero poco después lo atraparon.

“No tiene sentido, considerando que sí hay cárceles, que tienen una serie de inconvenientes, pero hay que racionalizar el uso de los recursos porque el sistema de Compras Públicas puede tomar mucho tiempo. No es tan sencillo, solo el proceso de justificar el tipo de barcaza y autorizar puede tomar mucho tiempo. Es una declaración hecha para las cámaras, pero no con sentido sustancial”, fundamentó el experto en seguridad y defensa pública Diego Pérez.

Esta propuesta de las cárceles flotantes no se contempla en el plan de gobierno de Noboa presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero ha tratado el tema en las entrevistas, especialmente ante medios internacionales, pero no ha mencionado sobre su financiamiento. Y este aspecto es el segundo punto que preocupa a los analistas, pues Ecuador aún tiene desafíos muy grandes en aspectos tecnológicos y de vigilancia.

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Porque, además del combustible para la embarcación, necesita de supervisión aérea, satelital, embarcaciones adicionales de custodia, sistema de vigilancia de cámaras, de comunicación, tecnología, un sistema de distribución de comida, suministros, utensilios, y más costos de operación que serían mucho más altos porque son en agua y no en tierra como las demás prisiones existentes.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, enfatiza que existen también otros aspectos que pueden pasar una factura más alta y no necesariamente económica, sino relacionadas con la paz. Porque precisamente es por mar en donde más tráfico de droga se moviliza.

“Es cuidar que los presos no obtengan teléfonos satelitales, que se establezca un área de dominio en el mar, algo que resulte sumamente costoso y no me refiero al dinero”. Otra variable de análisis es la metodología que se va a usar para que se implemente la medida, debido a que la Policía Nacional y los militares son quienes apoyan al Servicio Nacional de Atención a Personas privadas de Libertad (SNAI) en el resguardo carcelario en la tierra.

Va a tener que hacerlo quizá vía decreto y, además, darle potestad a la Armada del Ecuador para que regule y apoye al sistema penitenciario porque es nuestra policía en el agua. Pero interoperatividad entre instituciones es muy poca; ya se ha demostrado entre la Policía y el sistema de Justicia. Capacitación a los guías penitenciarios para controlar adentro de la barcaza y que no exista infiltración de la corrupción como sucede en la tierra”, agregó.

Juan José Hidalgo, especialista en Derecho Penal y Criminología, recomienda no implementar dicha medida en el país porque aparte de que no cuenta con los recursos para su construcción, el alquilar una infraestructura como esta, sin depurar los malos elementos en las Fuerzas Armadas, será contribuir a la expansión de la violencia criminal en el país.

“Primero deben tomar el control de las cárceles existentes, esto no es un problema solo de delincuencia, está infiltrada e involucrada la ciudadanía, en la economía y más. Se han tomado territorios en donde el Estado y su soberanía no existen. Yo lo veo inviable, le recomendaría al presidente entrante que no haga este tipo de proyectos, porque las mismas Fuerzas Armadas tienen cárceles, pequeñas pero las tienen y se pueden aislarlos correctamente con fuerte custodia”.

Como sugerencia adicional, expone que se debe intervenir de forma correcta en las instituciones públicas relacionadas con la seguridad y que eso no es solo “convertir a la Policía Nacional en agentes robocop”, sino en fortalecer las instituciones que carecen de personal y recursos para un apropiado funcionamiento ante las necesidades que se presenten en el país.

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