Más difícil que obtener el dinero era entregárselo al juez "suicida". Según el testimonio de Hugo Lara Olmos, uno de los abogados que colaboró con Cristian Romero Moya, defensor del narcotraficante Leandro Norero (+) y actualmente procesado en el caso Metástasis, el Municipio de Loja es una de las entidades que sufrió la corrupción dentro del sistema de justicia.

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Lara, ahora procesado en el caso Plaga, explicó que Romero era una especie de 'zar' en asuntos judiciales debido a sus estrategias para asegurar fallos favorables a sus clientes, sin importar el costo y sin dejar rastros: "Hacía todo para que nadie se diera cuenta. Dentro de la Judicatura, las actuaciones judiciales eran borradas o modificadas en el Satje. Cuando consultabas el número de causa o los casos en que obtenía libertades, lo actuado desaparecía", declaró Lara.

Añadió que Romero no solo ayudaba a policías "destruidos" a regresar a las filas policiales, sino también a empresas y otros clientes a conseguir fallos judiciales favorables a cambio de grandes sumas de dinero. Uno de esos casos, según Lara, involucró al Municipio de Loja y a la constructora Covipal.

"Hubo una acción de protección con la constructora Oviedo Palacios (Covipal) contra el Municipio de Loja por incumplimiento de contrato. Estaba todo arreglado. No participé, pero sé que el Municipio de Loja deberá pagar $7 millones a Covipal. Esta decisión se apeló, se rechazó la apelación y se concretó la acción de protección. Entiendo que se iniciaron los trámites para cobrar", relató Lara, y agregó que un contratista pagó $30,000 para comprar al juez.

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Lara continuó su relato, detallando que el fallo tuvo lugar en marzo de 2023, y que todo se fraguó cuando Santiago Eduardo Oviedo, contratista del Gobierno provincial de Chimborazo, contactó al abogado de Norero, Cristian Romero, para encontrar a alguien "que ayudara con una acción de protección porque ganarían mucho dinero". Fue entonces cuando conocieron al juez Galo Efraín, de Santo Domingo: "Santiago puso $30,000 para esta causa, los llevaron en una maleta buscando un juez suicida y fueron a Santo Domingo; la decisión quedó en firme".

Según Lara, Romero era tan audaz que contrataba para su seguridad a expolicías que eran sus clientes. "Policías destruidos llegaban a él para contratarlo como abogado, pero al final los contrataban como su seguridad; les daba armas y chalecos", contó Lara.

Las artimañas de Romero eran tan sofisticadas que, según Lara, logró que dos personas volvieran a las filas policiales mediante acciones constitucionales. En uno de los casos, la acción de protección se realizó en Santo Domingo: "Lo exprimió (a los policías) en honorarios para hacerlos regresar a las filas, eran $10.000 para cada juez... Entregó en la Corte de Santo Domingo $20.000 en una maleta", relató.

Según el sitio web de la constructora Covipal, esta se encuentra en la provincia de Chimborazo y se dedica al mantenimiento y reconstrucción de vías. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, los accionistas mayoritarios son Oviedo Moreano Santiago Eduardo y Sandra Lorena Vallejo Lara.

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