Lo hizo por ella y por sus tres hijos. Sabrina (nombre protegido) se llenó de valor y decidió enfrentar con la justicia a su expareja, quien la violentaba.

Los 11 años de relación que la unían al padre de sus hijos empezaron a esfumarse en marzo de 2018, cuando él le consiguió un trabajo de guardia de seguridad. Después empezó a celarla, descargando su supuesta desconfianza a puños.

A los siete meses, en octubre, la violencia llegó al límite. Luego de una discusión, él le dijo “ya no te quiero”. Y le exclamó que iba a marcharse de casa. Sabrina le cuestionó que cómo iba a dejarla sola con tantos gastos. El hombre la agarró del cuello. Uno de sus hijos fue testigo de la aterradora escena. La soltó.

Posteriormente, el agresor se fue del hogar. Sin embargo, dos o tres días al mes intentaba entrar a la fuerza. Por esas intimidaciones, Sabrina decidió denunciarlo, teniendo que lidiar con los problemas del sistema judicial.

En una ocasión, cuando buscaba que le otorguen una boleta de auxilio, una funcionaria la culpa de la calamidad que vivía “por no haber denunciado a tiempo”. Una frase que recuerda con indignación.

Otra traba fue la espera de varios meses por una cita de sus niños en la cámara de Gesell (habitación separada en dos partes, que permite grabar testimonios y versiones).

La demora en los trámites y el proceso investigativo hizo que tuviera que renunciar a su trabajo para ocuparse de lleno a sus visitas frecuentes a los complejos judiciales de la Valdivia y de la Florida, de Guayaquil. Además, perdió la posibilidad de tener nuevos empleos por el tiempo que dedicó al proceso legal. Ha subsistido vendiendo productos lácteos.

Reconocen fallas

El 15 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó la denominada Agenda de Justicia y Género. Un documento que recoge las visiones de varios sectores sobre el cumplimiento, avances y retos en la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el sistema judicial. Se elaboró entre organizaciones femeninas, jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores de algunas instituciones del Estado.

Solanda Goyes, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, indicó que la agenda fue hecha para corregir las debilidades de la Función Judicial al tratar casos de violencia hacia las mujeres.

Entre las falencias descubiertas la funcionaria reconoció, por ejemplo, que luego de otorgar una medida de protección muchas veces no se conoce qué efecto tuvo.

“¿Quién hace seguimiento de esas medidas?, ¿quién las ejecuta? El gran problema es que nos dicen que la Policía no notifica. Otro inconveniente es que el Ministerio de Salud, o el de Inclusión Económica y Social, y los municipios, no nos reportan que ejecutaron la medida”, dijo.

Algo parecido sucede cuando se dictamina una reparación integral para la víctima, pues en unos casos tampoco hay seguimiento para ver si se cumple.

También hay funcionarios judiciales que no saben cómo brindar atención desde la perspectiva de género. Por eso ahora se tendrá en cuenta no solo capacitarlos, sino además evaluarlos bajo ese enfoque.

Asimismo, a los funcionarios se les remitió un oficio con el objetivo de que cumplan el principio de celeridad procesal; es decir, mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales.

Otra prioridad es tener información correcta de los casos. “Se necesita que los servidores públicos ingresen bien los datos y solo así, en un tiempo prudente, habrá una base con información lógica, completa, ordenada, que no tenga tantas falencias como ahora”, recalcó Goyes.

La idea es que, con la aplicación de la agenda, se puedan reducir estos y otros errores. Mientras tanto, el número de mujeres asesinadas de enero a noviembre de 2022 es de 345, según estadísticas de la Judicatura. Cifra que podría disminuir con prevención.

Se necesita difusión y presupuesto

Rosandi López, abogada que labora como especialista legal en atención a víctimas de violencia de género en el programa municipal ‘Amiga, ya no estás sola’, menciona que uno de los problemas de la lucha contra la violencia a la mujer es que muchas no conocen sus derechos. Por eso es necesario difundir la ley que busca prevenir estos casos.

Otra característica de esta problemática social, dice, es que gran parte de las víctimas no denuncia a sus agresores. “Las que denuncian, lamentablemente la mayoría solo se quedan con sus medidas de protección en las manos, pero por falta de conocimiento e información”.

Recalca que quienes brindan atención a las víctimas deben tener empatía y respeto.

“Este compromiso requiere apoyarse en esta agenda, pero también aunar esfuerzos y que la Judicatura exija al Estado el presupuesto para que los equipos técnicos estén completos”, añade.

Buscan más habilidades en los servidores

Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, indica que las unidades especializadas en atención a la violencia de género pasaron de 29 a 39. El número de jueces que atienden estos casos supera la centena (ver infografía).

La Judicatura implementó una plataforma digital llamada FemicidiosEc, en la que se difunden datos relacionados con los femicidios, estado de los procesos, entre más parámetros.

Una cifra que alarma es que, por ejemplo, al año, en promedio, se receptan 61.000 denuncias por violencia contra la mujer. Frente a eso, una de las respuestas, según Barreno, ha sido la puesta en práctica de un sistema automático de medidas de protección.

“En la construcción de esta agenda, uno de los puntos importantes tratados es que el acceso a la justicia de las mujeres no implique incrementar unidades y personal, sino generar capacidades, habilidades y sensibilidades en los operadores de justicia”, explica.