En Pelileo, cantón de la provincia de Tungurahua, también se unieron al pedido de expulsión de los ciudadanos extranjeros que no cuenten con su pasado judicial y no justifiquen la permanencia en sus comunidades.

La ‘gota que derramó el vaso’ fue el asesinato del sargento segundo de Policía Wilson Ortiz Cevallos, de 41 años, en un enfrentamiento con un grupo delictivo que tenía secuestrada a una joven (28), ocultaba droga y armas de fuego, según los agentes.

Ortiz pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y acudió con cuatro de sus compañeros al allanamiento la noche del martes 14 de noviembre. Cuando abrieron la puerta, los presuntos delincuentes dispararon contra el policía. Una de esas balas impactó en su cuello. El sargento murió cuando lo trasladaban a una casa de salud en Ambato.

Ortiz tenía 21 años de servicio en la institución. Un día antes de su asesinato conoció de manera formal a su nieta de un mes de nacida, contó el mayor de sus dos hijos.

El sargento pretendía laborar en la Policía Nacional hasta 2025 y de ahí jubilarse e irse a vivir a una casa de campo.

Ese sueño fue truncado por las manos de un presunto delincuente, quien fue abatido a tiros en el sitio. Los otros cinco sospechosos fueron capturados dentro de la vivienda.

Apoyan desalojo

Ese acto de sangre alteró la normalidad en los pelileños. Los integrantes de la Junta del Campesinado se congregaron en los exteriores de la casa donde ocurrió el hecho delictivo.

“Vamos a exigir a la Municipalidad que solicite, si es posible con ordenanzas, que no se arriende a nadie sin antes presentar el pasado judicial (documento certificado y establecido por el Estado sobre la existencia o ausencia de antecedentes delictuales). Estamos hartos de la delincuencia”, expresó el ciudadano José Cabezas.

En Pelileo aseguran que van a estar atentos con los propietarios de los domicilios y también van a poner plazo para ‘limpiar la ciudad’.

En este cantón, pero en la parroquia Huambaló, fue quemado un hombre sospechoso de extorsión en junio de 2023. Aquí y otros cantones de Tungurahua han advertido que “ladrón cogido, ladrón quemado”.

Ahora piden el desalojo de quienes viven en sus tierras y se dedican a lastimar a su gente.

Extendieron el plazo

La propuesta de desalojo de extranjeros primero la hicieron en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, donde sus habitantes pusieron como plazo 72 horas para que los dueños de viviendas desalojen a personas ajenas a la comunidad, en especial a los foráneos que no muestren su pasado judicial.

El plazo se cumplió ayer miércoles 15 de noviembre. Sin embargo, las autoridades de la Iglesia, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y Alcaldía se unieron para convocar a diálogo y buscar la mejor alternativa.

La reunión fue a las 10:00 de ese mismo día. Las autoridades buscan no vulnerar los derechos de la movilidad humana a los extranjeros.

El alcalde de Saquisilí, Javier Velásquez, apoya la expulsión de los foráneos, en especial los de nacionalidad venezolana con antecedentes penales. Tal como ocurre en Perú, mencionó.

La decisión fue tomada por la organización indígena Jatarishun como una forma de controlar los robos y extorsiones que también se han registrado en el cantón.

En Saquisilí el 70 % de la población es indígena y las decisiones las toman las organizaciones locales.

Velásquez informó que están convocadas para el próximo martes 21 de noviembre todas las organizaciones, incluidas las de derechos humanos, para buscar alternativas sobre la seguridad y controlar a personas de otras nacionalidades que lleguen a residir en el cantón.

Romel Tupiza, delegado de la Defensoría del Pueblo de Cotopaxi, indicó que el principal objetivo es que se respeten los derechos humanos y la paz. 

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