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Comisión ingresó a la cárcel de Esmeraldas para verificar la condición de vida de los reos
Lenin Sánchez, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, mantuvo entrevistas personales con un grupo de internos
Una operación conjunta entre la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Derechos Humanos se llevó a cabo este lunes 26 de febrero de 2024 en el Centro de Privación de la Libertad de Esmeraldas, con el objetivo de evaluar las condiciones de vida de los más de 2.500 internos que residen allí. El 70% de estos reclusos enfrentan procesos judiciales relacionados con el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado.
Lenin Sánchez, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, mantuvo entrevistas personales con un grupo de internos. Según sus declaraciones, los derechos de los reclusos han sido respetados y no han sido sometidos a ningún tipo de tortura por parte de las Fuerzas Armadas. “Se les sometió a una encuesta, y todos afirman que sus derechos han sido respetados”, aseguró Sánchez.
Cristina Solís, trabajadora social del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, también participó en la inspección. Según su evaluación, los reclusos se encuentran en buenas condiciones físicas, y las celdas y pabellones están más limpios que en ocasiones anteriores, lo que garantiza una habitabilidad digna. “Aunque hay orden en este centro, los internos necesitan apoyo en los talleres”, señaló Solís.
Por su parte, Araceli Carrasco, agente fiscal de la Fiscalía de Esmeraldas, destacó la impresión de armonía que percibió durante la visita. “Los reclusos lucen bien físicamente, y la directora nos informó que aquellos que requieren atención médica están siendo atendidos”.
Sin embargo, durante la inspección, Carrasco constató que los talleres no están habilitados debido a la falta de presupuesto. Por esta razón, instó a las autoridades a proporcionar las herramientas necesarias para lograr una verdadera rehabilitación en el centro.
La Cárcel de Esmeraldas fue intervenida por las Fuerzas Armadas la madrugada del pasado 14 de enero de 2024, con el ingreso de personal militar y policial, tras la liberación de las personas secuestradas al interior del recinto. Más de 1.000 uniformados ingresaron al centro carcelario, apoyados por helicópteros, drones y equipos antimotines.
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