Que dos artículos del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) tienen como objetivo ‘tumbar’ los procesos judiciales en contra del expresidente Rafael Correa y favorecer la impunidad en los grandes casos de corrupción, es el reclamo que tienen las bancadas opositoras a la Revolución Ciudadana (RC5) en la Asamblea Nacional, las cuales buscan bloquear la aprobación de estas modificaciones.

La ley reformatoria pasó por su segundo debate el jueves 15 de febrero, pero no se logró votar por falta de consensos y por las quejas de las bancadas por las modificaciones de última hora.

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La más polémica de estas reformas pretende cambiar el artículo 658 del COIP, el cual habla de las causales que permiten revisar una sentencia ejecutoriada, añadiéndole dos motivos adicionales.

El primero sería cuando haya errores de procedimiento insubsanables o violaciones al debido proceso, y la segunda cuando existan resoluciones de comités internacionales de derechos humanos, que determinen que existieron violaciones a estos derechos o errores procesales.

Para María del Mar Gallegos, experta en Derecho Penal, la primera de estas causales no tiene razón de ser, pues ya existen mecanismos que permiten la revisión de sentencias en los casos mencionados.

“La nulidad es algo que se revisa durante todo el proceso. Actualmente, ya existen instancias y recursos, como la apelación y la acción extraordinaria de protección, que permiten anular un juicio en caso de que se detecte que se ha dejado en indefensión a una de las partes”.

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Gallegos agregó que el segundo caso, el de las resoluciones de comités de derechos humanos, sí es discutible porque Ecuador está suscrito a convenios internacionales y es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio.

“La discusión en la Asamblea es porque se considera que estas resoluciones no deberían tener repercusión en la justicia ordinaria, como lo es un proceso penal”. En este punto, no existió el consenso para votar la reforma, pues fuerzas como Construye, que tenía como candidato presidencial al asesinado Fernando Villavicencio, solicitó archivar todo el texto.

El asambleísta de Construye Jorge Peñafiel aseguró que la Asamblea Nacional está ante una reforma que no busca combatir la delincuencia, “pues esta reforma al código penal lo que pretende es meternos gato por liebre” y así “dar impunidad a los prófugos de este país”.

Otra de las modificaciones al COIP que se pretende tramitar es la del artículo 584 de este cuerpo legal, el cual habla de la reserva de la información sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

El actual texto contempla que las actuaciones de todas las entidades que intervienen en las indagaciones previas (Policía, Fiscalía, peritos, entre otros) deben mantenerse en sigilo; sin embargo, con los cambios que se pretenden implementar, la Fiscalía tendría la obligación de compartir esta información con la Asamblea.

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Para Marcos Yánez, experto en Derecho Constitucional, esta modificación, además de ir en contra de la independencia de funciones que la Constitución otorga expresamente a esta institución, también podría facilitar el entorpecimiento de las investigaciones por parte de personas involucradas en las mismas, quienes al conocer de las acciones de Fiscalía desde el comienzo de las indagaciones, podría tomar recaudos para encubrir los hechos.

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